La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Allanamientos masivos, intervención de vías digitales de comunicación y el decomiso anticipado, entre las herramientas más destacadas. Las claves de su implementación
Rosario es la primera ciudad, mejor dicho, zona porque quizá no se instrumente en todo su territorio; elegida para aplicar la Ley Antimafias, que estipula penas más altas, hasta el doble; e igual condena por el delito más grave para todos los miembros de una organización criminal. O sea, por ejemplo, desde el que escondió la moto, pasando por el sicario y el que ordenó un crimen vinculado al narcotráfico, recibirán el mismo castigo, no importa el rol en la banda que hayan tenido; y será el más elevado.
Hay que recordar que esta ley amplía la capacidad de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y también les da más herramientas procesales: está diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Además, bajo este régimen se agravan las penas de los delitos como la asociación ilícita (de 3 años a 10 de cárcel que estable la legislación actual, pasa a un rango de 8 a 20 años de prisión); y no rigen las reglas de participación de los integrantes de la organización delictiva, sino que todos son considerados coautores y se les aplica la pena más grave.
¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, la comisión de delitos graves en forma reiterada para el beneficio de organizaciones criminales que también generan amedrentamientos, aniquilación de rivales o que buscan el control de una zona del territorio.
En este sentido, Germán Pugnaloni, Director Nacional de Prevención del Delito, le dijo a Infobae: “La implementación de la Ley Antimafias, sumada a una jurisdicción donde el sistema acusatorio está mostrando ser notablemente más eficiente que el sistema anterior, va a traer profundas mejoras en las investigaciones contra el crimen organizado”.
Por qué Rosario
El narcoterrorismo que se vivió cruentamente en Rosario en marzo de 2024, con cuatro crímenes y balaceras que paralizaron a la ciudad durante varios días, sin taxis, remises, clases, estaciones de servicios ni colectivos; dio razones más que suficientes para que se eligiera a esa ciudad como punto de partida para la aplicación de la Ley Antimafias. Hay que recordar que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitó la intervención del Comité de Crisis, que fue convocado y prorrogado mediante resoluciones ministeriales.
Según se desprende de la resolución, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ha identificado la presencia de organizaciones delictivas en Rosario, operando bajo modalidades que coinciden con las definidas en la Ley N° 27.786 (Ley Antimafias). Estas actividades delictivas incluyen la comisión de delitos graves y la intención de controlar territorios, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad pública.
En el Boletín Oficial se expresa que la decisión se fundamenta en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en diversas leyes nacionales, como la Ley de Seguridad Interior y la Ley N° 27.786, que buscan fortalecer la cooperación y la eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales. Según estas normativas, el Ministerio de Seguridad tiene la responsabilidad de coordinar acciones para enfrentar situaciones extraordinarias que amenacen la seguridad nacional.
La resolución ministerial también pone a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal a las fuerzas policiales y de seguridad federales que operan en Rosario, en el marco del Plan Bandera, para detectar y combatir delitos específicos relacionados con el crimen organizado.