En el marco de la discusión, tanto nacional como provincial, acerca de la posible ampliación de la corte, la Suprema por un lado, y el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, por otro, desde la Agrupación Cóndor Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), expresaron que los “el factor más importante en los errores institucionales del Poder Judicial de la Provincia es la falta de un Plan Estratégico consensuado entre todos los operadores del sistema, que guíe de manera acertada, razonable y eficaz el desenvolvimiento de la justicia local en nuestro medio” y agregaron que “el agravamiento de la ya difícil situación económica y social a causa de la pandemia, ameritan del STJ, prudencia, austeridad y optimización de los recursos existentes, por eso la ampliación de los miembros, resulta extemporánea, infundada y provocativa”.
“¿QUÉ JUSTICIA QUEREMOS?
Una justicia que administre con eficacia y excelencia las tensiones sociales del Pueblo
O una justicia al servicio de la componenda política?
O una justicia manipulada por la política?
O una justicia al servicio de los factores de poder.
O una justicia desentendida del reclamo social.
O una justicia preocupada por las ambiciones personales de los miembros con peso político?
¿La Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo interviene la Corte Suprema? Cuando revisa el recurso extraordinario. ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa? ¿Vamos a poner el juicio por jurados una vez por todas? Todo eso va a ser objeto de análisis en un Consejo que me asesore durante 60 días.
Presidente Alberto FERNANDEZ.-
Son varios los indicios de la realidad que ponen en evidencia una tendencia sistémica caracterizada por importantes errores en la política institucional del Poder Judicial de la provincia. Ello obedece a varios factores, pero el mas importante es la falta de un Plan Estratégico consensuado entre todos los operadores del sistema, que –sobre la base de la realidad y de los persistentes reclamos de las unidades jurisdiccionales (juzgados, defensorias y fiscalias)- guíe de manera acertada, razonable y eficaz el desenvolvimiento de la justicia local en nuestro medio.
Como afirmaba Fayt, la realidad es sagrada y las opiniones son libres, entonces, lejos de las decisiones y componendas de cenáculo fundadas en la irrealidad, a espaldas del reclamo de los trabajadores, funcionarios y magistrados de la justicia, como de la sociedad toda que reclama un servicio de justicia acorde con las actuales necesidades del proceso histórico que vivimos, la UEJN entiende y propone una urgente convocatoria a una mesa de dialogo, donde todos los involucrados (STJ, la Asociación de Funcionarios y Magistrados y los trabajadores nucleados en la UEJN), podamos opinar y reflexionar de manera democrática acerca de la concreta realidad que padecemos cotidianamente por falta de recursos, no en la cupula, sino en la trinchera, en los juzgados, en las defensorias, en las fiscalias. Es decir en todas las prestigiosas dependencias que laboriosamente y con vocación de servicio dan la cara frente a la sociedad que acude angustiada para resolver los conflictos que reclaman administración de justicia, y justamente como no se atiende a este reclamo generalizado, observamos con preocupación, que la Justicia Provincial, enfrenta en materia jurisdiccional y de su administración, la falta de una adecuada política institucional que permita optimizar los recursos humanos y económicos, con que actualmente se encuentra dotada.
Si se realiza una recorrida por las distintas dependencias del poder judicial puede observar con facilidad la delicada situación edilicia, la integración de materias pendientes, la falta de previsión al momento de crecer, la escasez de espacios suficientes que se constata en muchas unidades funcionales. Es decir esas son las cuestiones que se niegan o esconden y que seria urgente discutir y resolver, para poner en optimas condiciones los recursos humanos y materiales y poder dar una respuesta adecuada y eficaza a la sociedad que clama por un servicio de justicia, ágil, moderno y ocupado en la protección de los Derechos Fundamentales, consagrados en Nuestra Constitución Nacional y Provincial.
Claro que observamos que existe una marcada y creciente necesidad en los reclamos de los ciudadanos porque haya una curva creciente de conflictividad en los tumultuosos tiempos históricos que nos toca vivir pandemia de por medio. Porque son esos ciudadanos los que acuden a las dependencias judiciales a solicitar protección ante las acuciantes problemas que los aquejan y ante la vulnerabilidad en que se encuentran, muchas veces por un Estado ausente.
Por todos esos motivos consideramos que hoy no debería ser la prioridad generar la ampliación de miembros del Superior Tribunal de Justicia con el incremento de un 15% del presupuesto judicial. Todo lo contrario creemos que esos enormes recursos adicionales que acarrea aumentar el numero de miembros de tres a cinco mas toda la planta adicional que ello conlleva, deberíamos considerar todas aquellas necesidades enumeras arriba, que tienen que ver con dotar a la labor jurisdiccional de las herramientas y recursos existentes en otras áreas administrativas ya existentes en el poder judicial.
El agravamiento de la ya difícil situación económica y social en la provincia, en la nación y en el mundo a causa de la Pandemia de COVID 19, ameritan del STJ, prudencia, austeridad y optimización de los recursos existentes, por eso la ampliación de los miembros del STJ, resulta extemporánea, infundada y provocativa a los ojos de la sociedad que reclama de todos los órganos gubernamentales visión elevada y estratégica.
Por otro lado, lo dicho nos mueve a reflexionar que debemos analizar, como representantes de los trabajadores, que en este momento y ante la crisis y la inflación galopante hoy aparece como prioritario además de todo lo dicho, una recomposición salarial en virtud a la evidente perdida del poder adquisitivo. De manera que ese es otro motivo por el que nos oponemos a la integración de dos (2) jueces más al Superior Tribunal que se propone, porque esa decisión trae por consiguiente incorporación de un numeroso cuerpo de Relatores (categoría 1 de Juez de primera instancia), en una cifra no menor a ocho abogados, como así también secretarios, asistentes administrativos, choferes, etcétera.
En este sentido no podemos dejar de mencionar que en el año 2019 se actualizo y se amplió la estructura de la Secretaria Administrativa del Superior Tribunal de Justicia para poder dar las respuestas que deben y se deben dar en atención a la función que les compete.
En otro sentido, desde hace ya un tiempo se aprobó el Código Contravencional, una necesidad judicial para brindar a toda la comunidad, teniendo en cuenta que aun nos manejamos con la retrograda institución de los edictos policiales.- La descripción legal de las conductas tipificadas en el Código Contravencional, y la judicialización del proceso contravencional, inició una nueva etapa en la prevención y juzgamiento de comportamientos convivencialmente disvaliosos, superando una dilatada época de desorden normativo e inseguridad jurídica.
Ademas, consideramos que otra prioridad es dar respuesta a la ciudad de Tolhuin, que es una cuenta pendiente, respecto de la creación del Juzgado Multifuero, para dar a esa comunidad, una respuesta de administración de justicia como se merece y no como la que cuenta en la actualidad.
La reforma del Código Procesal Penal incrementara los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, con una nueva dotación de Magistrados, Funcionarios y Empleados, pero no perdiendo de vista en dar una respuesta a la cuestión edilicia para brindar un servicio de justicia de excelencia.
En materia de flagancia vemos que se ampliarán los años de 6 a 8 las penas que serán contempladas en esta materia, por lo cual crecerá la labor del Juzgado de Ejecución, el cual al día de la fecha tiene serias complicaciones y deficiencias de personal y de espacios físicos.
También resulta imperioso poner en funcionamiento sin demoras y de manera real y efectiva, la Unidad de Género e implementar la capacitación en tal temática, que solo es expresada mediaticamente pero que en la práctica y en la realidad no se plasma en beneficio de la comunidad y de quienes ejercen la titularidad de cada unidad funcional.
Como conclusión, y en respuesta a la pregunta ¿Que Justicia queremos?, es que invitamos a reflexionar, al momento de determinar una ampliación del numero de jueces del Superior Tribunal de Justicia que implicara un sesenta y siete por ciento (67%) en su integración, entendiendo que se debería haber hecho un análisis pormenorizado de necesidad y razones como lo establece cualquier organismo – Plan Estratégico/Motivos/Beneficios y Sentido de la Oportunidad-, de otro modo nos alejamos de la grandeza, la prudencia y la abnegación que exige esta hora extraordinaria de emergencia, que sin duda ha puedo en evidencia terribles miserias humanas, egoísmo, individualismo y falta de solidaridad, desoyendo con esa actitud las exigencias de nuestra sociedad que desde hace tiempo reclama el respeto al Estado de Derecho, a los Derechos humanos y a la ética pública”.