El Presidente adhirió a un comunicado del Grupo de Puebla donde apoya al dirigente Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial acusado en una denuncia penal. El gobierno de Gabriel Boric criticó al mandatario
Este jueves, Alberto Fernández adhirió -junto a otros dirigentes latinoamericanos- a un comunicado del Grupo de Puebla en solidaridad con el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, acusado en una denuncia penal por financiamiento ilegal de la política. “Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”, reprocha el texto. La adhesión de Fernández generó un punto de tensión diplomática en el gobierno de Gabriel Boric.
Consultado por la prensa sobre ese comunicado y la postura de Alberto Fernández, el mandatario chileno deslizó su desacuerdo con un breve comentario. “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”, dijo, en alusión a la definición del jefe de Estado argentino.
El posicionamiento del Grupo de Puebla, y por lo tanto de Alberto Fernández por firmar el texto, si bien cuestionaba a la gestión del ex presidente Sebastián Piñera, se extiende sobre la actual etapa de izquierda de Boric durante la cual se mantuvo una “inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, en referencia a a Enríquez-Ominami.
Tras ese tiro por elevación contra el Estado chileno, del otro lado de la Cordillera de los Andes hubo un claro rechazo a la firma de Alberto Fernández en ese texto. Este comunicado oficial, la canciller chilena Antonia Urrejola, calificó de absolutamente “improcedentes” las críticas al sistema judicial su país y por la injerencia en los asuntos internos, aunque aclaró que esto no daña las relaciones bilaterales con la vecina Argentina.
“Lo primero que hice fue conversar con el embajador (Rafael) Bielsa sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia (Luis Cordero), nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”, indicó Urrejola, que agregó que el Poder Ejecutivo encabezado por Boric no solo respeta, “sino que protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público”.
Por su lado, la Fiscalía chilena, en un escueto comunicado, reafirmó “el carácter profesional y objetivo” bajo el que actúan los fiscales, quienes, sostuvo, lo hacen con “estricto apego a la constitución y las leyes en un contexto institucional de autonomía e independencia”.
El Grupo de Puebla manifestó su solidaridad con Marco Enríquez-Ominami (EFE/Sáshenka Gutiérrez)Además de Alberto Fernández, suscribieron a la carta los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto Samper; de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, entre otros políticos, diplomáticos e intelectuales de diferentes nacionalidades.
El texto del Grupo de Puebla caracterizó el proceso judicial contra Marco Enríquez-Ominami, iniciado en 2015, de ser “acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera”. “Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.
Para el organismo partidario regional, “la dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”, por lo que consideraron que se trata de “otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”.
La canciller chilena, Antonia Urrejola.“Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso”, se agregó.
Ominami, líder del Partido Progresista (PRO) y ex candidato presidencial en varias ocasiones, está implicado en un caso de financiación ilegal de la política. La fiscalía acusa a varios políticos de cohecho, soborno y delitos tributarios ligados con la empresa SQM, una minera controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet.
Este es el segundo incidente diplomático entre Chile y Argentina en pocas semanas. Durante la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Argentina se filtró un audio en el que la canciller Urrejola criticó abiertamente y en duros términos al embajador argentino en el país, Rafael Bielsa, por declaraciones que consideraba poco adecuadas.