El Congreso aún no ha aprobado una reforma de la inmigración, pero el Presidente Biden ha hecho uso de su autoridad ejecutiva para ampliar significativamente el número de inmigrantes legales que entran en Estados Unidos.
En medio de un prolongado estancamiento en el Congreso en materia migratoria, el presidente Joe Biden abrió una puerta trasera para permitir el ingreso al país de cientos de miles de nuevos inmigrantes, lo cual amplía de manera considerable el uso de los programas de permiso humanitario o de permanencia temporal (conocido como “parole” en inglés) para personas que huyen de la guerra y los disturbios políticos en todo el mundo.
Las medidas, puestas en marcha el año pasado para ofrecer refugio a las personas que huyen de Ucrania, Haití y América Latina, ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de llegar en avión a Estados Unidos y conseguir de inmediato una autorización de trabajo, siempre y cuando tengan un patrocinador privado que se haga responsable de ellos.
A mediados de abril, ya habían llegado cerca de 300.000 ucranianos a Estados Unidos en el marco de diversos programas, una cifra superior al total de las personas de todo el mundo admitidas a través del programa oficial de refugiados de Estados Unidos en los últimos cinco años.
Se espera que para fines de 2023, se les permita ingresar a unos 360.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos mediante una iniciativa similar de patrocinio privado introducida en enero para frenar los cruces no autorizados en la frontera sur; esta supera el número de personas de estos países a las que se les otorgó una visa en los últimos 15 años.
El gobierno de Biden también extendió en gran medida el número de personas que se encuentran en Estados Unidos con lo que se conoce como status de protección temporal, un programa que el expresidente Donald Trump intentó suprimir.
Según un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew, desde que Biden asumió el cargo se ha extendido la protección a unas 670.000 personas de 16 países o bien se han convertido en candidatos para presentar su solicitud.
Vías de acceso
En total, estos programas humanitarios temporales podrían convertirse en la mayor expansión de la inmigración legal en décadas.
“Cuanto más tiempo pase el Congreso sin legislar las cuestiones migratorias, más hará el poder ejecutivo lo que pueda dentro de sus facultades basándose en los principios del presidente”, comentó Theresa Cardinal Brown, asesora principal del Centro de Políticas Bipartidistas de Washington.
La asesora señaló que el principal desafío es que “los tribunales puedan decir que el presidente no tiene la facultad o que es un abuso de discrecionalidad y se lo retiren”.
Los críticos ya se han quejado de que el gobierno está utilizando un poder discrecional sin límites que va en contra de las leyes aprobadas por el Congreso para regular la inmigración legal, que se basa sobre todo en los lazos familiares y, en menor medida, en el empleo.
Como se espera que Biden inicie su campaña de reelección esta semana, es probable que los republicanos se centren en las que consideran son políticas migratorias excesivamente permisivas.
Veinte estados gobernados por republicanos, entre ellos Texas, Florida, Tennessee y Arkansas, presentaron demandas ante los tribunales federales para suspender el programa de permisos de permanencia temporal para los residentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con el argumento de que admitirá a 360.000 nuevos inmigrantes al año de esos países y sobrecargará a los estados con costos adicionales de servicios médicos, educación y aplicación de la ley.
Con la implementación de los programas para los latinoamericanos, el gobierno de Biden respondía a las críticas generalizadas sobre la situación caótica en la frontera sur, que el año pasado registró 1,5 millones de cruces no autorizados.
Pasó por alto años de intentos fallidos en el Congreso de legalizar a los trabajadores indocumentados que ya están en el país o de poner más visas a disposición de los empresarios que deseen traer trabajadores temporales.
Los nuevos programas de permisos humanitarios son provisionales (la mayoría expiran en dos años, salvo que se renueven), pero ya están cambiando la naturaleza de las llegadas de inmigrantes.
A los migrantes que fueron admitidos en el país tras inundar la frontera desde muchos de los mismos países en conflicto el año pasado no se les ha permitido trabajar durante al menos seis meses después de abrir un expediente de asilo.
Como consecuencia, muchos han acabado en albergues de ciudades como Nueva York, que ha tenido problemas para recibirlos.
En cambio, el programa de permiso de permanencia temporal exige que los inmigrantes tengan primero un patrocinador en Estados Unidos que asuma la responsabilidad financiera de su instalación y casi de inmediato ofrece un permiso de trabajo a quienes se les otorga.
Los empresarios con escasez de mano de obra ven con buenos ojos la llegada de inmigrantes por que son una importante fuente de mano de obra nueva.
La meta del gobierno era desalentar a los cientos de miles de migrantes que llegaban a la frontera al permitirles hacer su solicitud con mayor orden desde sus países de origen.
Después de que comenzaron los programas, las aprehensiones totales de la Patrulla Fronteriza en la frontera alcanzaron sus niveles más bajos en dos años, lideradas por un precipitado descenso de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El promedio de aprehensiones semanales disminuyó de 1231 a principios de enero a 46 a finales de febrero, cuando se anunciaron algunas de las medidas de los permisos de permanencia temporal.
“El uso exitoso de estos procesos de permisos humanitarios y la disminución significativa en los intentos de cruce ilegal prueban de manera contundente que los no ciudadanos prefieren utilizar una vía segura, legal y ordenada para ingresar a Estados Unidos, en caso de haberla, en lugar de poner su vida y medios de subsistencia en manos de contrabandistas despiadados”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
Sin embargo, en términos generales, el número total de personas de todas las nacionalidades que cruzan la frontera se mantiene cerca de máximos históricos, incluso con los nuevos programas.
Los programas han dividido a los líderes de los estados republicanos. Algunos, incluidos los que han interpuesto demandas, sostienen que, con los nuevos programas, Biden ha mantenido, en la práctica, las puertas del país abiertas de par en par, aunque en lugar de masas de personas que cruzan sin autorización, las ha invitado a entrar legalmente.
No obstante, los programas han obtenido un amplio apoyo en la comunidad empresarial de algunos estados conservadores, como Dakota del Norte, donde existe una gran preocupación por la escasez de trabajadores.
Un informe de la semana pasada de FWD.us, un grupo bipartidista que está a favor de la inmigración, calculó que alrededor de 450.000 migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y países latinoamericanos que ingresaron a Estados Unidos con programas de permisos humanitarios ocupaban puestos de trabajo en industrias que enfrentaban escasez de mano de obra, como la construcción, los servicios de alimentos, la salud y la manufactura.
En Dakota del Norte, donde la industria petrolera se esfuerza por contratar obreros para las plataformas de perforación, el Consejo Estatal del Petróleo está reclutando a personas en toda la planicie occidental para que apadrinen a los nuevos inmigrantes ucranianos a los que se puede dar trabajo.
Se espera que las primeras 25 familias ucranianas lleguen al país en julio, con la esperanza de que cientos más lo hagan poco después.
“Los ucranianos nos necesitan y nosotros los necesitamos”, declaró Ron Ness, presidente del consejo.
“Hemos estado trabajando de manera seria para desarrollar un proyecto muy importante a una gran escala para atraerlos”.
Los inmigrantes ucranianos del oeste de Dakota del Norte se unen a una comunidad de ucranianos que surgió allí a finales del siglo XIX.
Las autoridades estatales afirman que acoger a los recién llegados permitiría alcanzar un objetivo humanitario y contribuiría a paliar el déficit de unos 10.000 trabajadores en la industria petrolera.
Glenn Baranko, propietario de una gran empresa que construye plataformas de perforación y bisnieto de colonos ucranianos, declaró que su familia y amigos ya han aceptado patrocinar a 10 personas que piensa contratar.
“Los quiero aquí y los ayudaré a conseguir su primer departamento y me aseguraré de que su heladera esté llena hasta que comiencen a recibir cheques de pago”, afirmó.