“La entrega de una vivienda a un testigo de una causa penal es un delito de acción pública”, expresó Francisco Ibarra, abogado representante del gobernador Gustavo Melella, en la causa penal que había sido iniciada el año pasado en su contra, y además, reforzó esto recordando las situaciones de irregularidad que se encontraron en la entrega de una vivienda de servicio a uno de los testigos involucrado en la causa.
En referencia a la denuncia realizada por la presidente del IPVyH, Leticia Hernández, sobre el desmanejo en la utilización de casas de servicio durante la gestión de Rosana Bertone, el abogado Francisco Ibarra, quien representa a Gustavo Melella en la causa penal iniciada el año pasado en su contra, reforzó esto recordando las situaciones de irregularidad que se encontraron en la entrega de una vivienda de servicio a uno de los testigos involucrado en la causa.
En este sentido, dijo que “se armó esto para beneficiar a un testigo que iba a salir en una causa penal, es decir, esto es realmente grave” y que la vivienda de servicio le había sido otorgada al ex Jefe de Gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz y que luego de maniobras irregulares, terminó en manos de un particular. Con ello, insistió en que “se trata de un delito de acción pública”.
“Es una información que habíamos incorporado antes de la asunción de las nuevas autoridades”, recordó, y siguió: “Había sido incorporado a las actuaciones, si bien de una forma embrionaria, es decir, sin una investigación sumarial y demás, porque de la simple lectura de los actos administrativos que se habían emitido nos habíamos dado cuenta de esta profunda irregularidad”.
Asimismo, manifestó que “sobre la base de la información de lo que leí públicamente y demás, pude observar que se inició un sumario administrativo, a los efectos de determinar la existencia de estas irregularidades”. “Nosotros ya habíamos advertido esta circunstancia en el Juzgado y esto es objeto de un expediente, de un incidente dentro del procedimiento principal de instrucción del Juzgado”, informó.
En esta línea, explicó que “como se trata de un hecho que, por sí mismo constituiría un delito, y como se trata de un delito de acción pública el fiscal interviniente tendrá que iniciar una causa penal específicamente respecto de esa circunstancia” y que “una vez que se levante la feria en Río Grande, vamos a pedir que todo ese sumario administrativo sea incorporado a las causas penales de acá”.
Con relación a las irregularidades de entrega, opinó que “la maniobra fue extremadamente burda, es un mamarracho y así es como está acompañado y acreditado en estas actuaciones” y continuó: “Es una maniobra delictiva porque, evidentemente, una casa que es de servicio no podría nunca terminar en manos de un particular como premisa número uno”.
“En el expediente penal se acreditó que había un contrato en el cual el IPV le otorgaba una casa de servicio al señor Gorbacz y, de buenas a primeras, sin un solo papel o instrumento, aparecía en esa casa esta mujer que es la hija del señor Moya, que es el testigo que apareció en todos estos spots y todas estas notas publicitarias y, teníamos en el medio, otro funcionario, que era el secretario de Seguridad, Javier Eposto, que decía ‘porque Moya es mi amigo yo le entregué personalmente esta vivienda’”, relató Ibarra.
Subrayó también que “desde un razonamiento jurídico, cómo es posible que un contrato donde el Estado le otorga a un funcionario una vivienda, luego aparece en esa vivienda un particular y sale un testigo, y sale otro funcionario indicando que le hizo entrega de las llaves”.
“Es ya una burrada realmente si, posterior a descubrir que se denunciara todo esto, salieron a hacer los papeles. Es más grosero todavía el ilícito que se estaba denunciando”, añadió y remarcó que “una vez que se levante la feria, acompañaremos ese documental”.
Finalmente, sostuvo que “se armó esto para beneficiar un testigo que va a salir en una causa penal, es decir, esto es realmente grave” y que “la Justicia tiene que llegar y aplicar las máximas sanciones, porque mañana le puede suceder a cualquier hijo de vecino, sin tener las posibilidades de acreditar todas estas maniobras y se lo termina afectando con estos hechos que se nota el armado y la intencionalidad”.
Abel Carrari.