Las familias que se quedaron sin nada siguen en la calle y esperan una solución. Con lo que reciben apenas pueden alquilar en situaciones similares.
En Floresta sigue el operativo y persiste el riesgo de derrumbe en el interior de la vivienda que se vino abajo. También, hasta este viernes por la mañana, seguía la búsqueda, con una grúa y un robot, para dar con una mujer desaparecida. La construcción, de casi cien años de antigüedad, colapsó durante la madrugada del miércoles. Hubo dos personas muertas. Y entre los 150 damnificados esperan recibir ayudas y subsidios que les sirven para volver a alquilar en otras casas tomadas y con riesgos similares.
Es que esta tragedia reveló el estado de hacinamiento en el que vivían más de 30 familias. Para el barrio no es una novedad, porque las organizaciones sociales, vecinales y las autoridades comunales aseguran que hay decenas de edificios en las mismas condiciones.
Son asentamientos entre medianeras. A fines de enero, en Villa Ortúzar, un incendio se cobró la vida de una mujer que vivía en las mismas condiciones. Viviendas precarias construidas a lo largo de las décadas sobre un terreno que pertenecía a la traza de la ex AU3, la autopista que jamás se construyó. El predio fue tomado y decenas de familias vivían en condiciones inviables.
Algunas de aquellas familias de Villa Ortúzar aceptaron lo que la Ciudad tiene para ofrecer como única salida a la emergencia de este tipo de situaciones, que es el subsidio habitacional; o bien una cama en alguno de los paradores que están destinados a la gente en situación de calle.
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, el monto promedio que reciben las familias por este subsidio habitacional es de $ 22.000 por mes. Este dinero debe ser destinado a la renta de un lugar donde vivir (debe presentarse un presupuesto de alquiler emitido por el dueño o por un hotel). Se abona durante 12 meses y se puede extender por otros 6 más. Actualmente la Ciudad subsidia a 10.050 titulares (personas beneficiarias).
En el caso del derrumbe de Floresta, algunas familias aceptaron ser trasladadas hasta el parador ubicado en Uspallata (Barracas). Pero se trata de un sitio destinado a gente en situación de calle, específicamente, hombres. Por eso debió ser reacondicionado para recibir también a menores y mujeres. Sin embargo, las familias no quieren volver a ese sitio. Por eso, la mayoría pasó la noche frente al edificio derrumbado, en Avenida Rivadavia al 8700.
Por otra parte -y como las familias tienen años viviendo en el lugar- no se quieren alejar del barrio; por sus trabajos, pero básicamente por la escolarización de los chicos y las chicas. Todos asisten a escuelas primarias, secundarias y terciarias de la zona.
Durante la mañana del jueves, las familias se juntaron con comuneros, dirigentes sociales e integrantes de la Defensoría del Pueblo. “Por el momento no se acordaron soluciones con la Ciudad, básicamente porque el programa de asistencia está pensando para gente en situación de calle, es una problemática diferente -contó el dirigente Fernando Moya, de la Comuna 10-. Hemos logrado tramitar un subsidio por catástrofe de 150.000 pesos que abonará el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; de todas maneras no es inmediato, obviamente demanda un papeleo importante. Y mañana acompañaremos a todas las familias al Renaper para realizar los documentos, que se perdieron en el derrumbe”.
Algunas de las familias pagaban un alquiler, obviamente informal. Se dice que el dueño de la propiedad (según el relato de vecinos había una panadería) falleció hace más de 20 años.
El problema para las familias radica en que el subsidio es provisorio. Y por otro lado la Ciudad no cuenta con planes de construcción de viviendas, de ningún tipo, ni paras las clases medias ni para las clases bajas o más necesitadas; las únicas que se construyen son aquellas que están siendo destinadas a los procesos de urbanización de villas y asentamientos, como puede ser el Playón de Chacarita, la ex villa 31 / Barrio Padre Mugica o la Rodrigo Bueno.
Desde la sede local de la organización Hábitat para la Humanidad sostienen que circunscribir este derrumbe a una problemática de cuestiones edilicias es un error de diagnóstico. “No podemos obviar la raíz del problema, que 120 personas estaban pagando por un edificio de casi 90 años de antigüedad sin condiciones adecuadas porque no tienen otra opción más que esa o la calle”, le dijo a Clarín Paula Celestino, directora de la organización.
Antes que un problema edilicio, hay un derecho vulnerado, la vivienda, que por otra parte, es un derecho humano. “Miles de familias en situación de vulnerabilidad deben acudir a un mercado informal, pagando miles de pesos por vivir en conventillos como el de Floresta, donde ponen en riesgo su vida y comprometen su salud y desarrollo”, entiende Celestino. Y lamenta que no se ponga en marcha el Programa Nacional de Alquiler Social.
Este programa fue creado por la Ley de Alquileres, “con foco en personas víctimas de violencia de género y adultos mayores. Sin embargo, esta política nunca se implementó y no se le asignó presupuesto”. Desde la fundación entienden que podría ampliarse e ir más allá de estas problemáticas. A través de alquileres con barreras de acceso reducidas, por ejemplo sin garantías, o con precios más bajos, las familias podrían acceder a viviendas dignas.
Para las familias de la propiedad de avenida Rivadavia al 8700, es clave permanecer en el lugar, en Floresta o inmediaciones. Básicamente porque tienen su vida anclada a este barrio; trabajo, familia, amigos y escuelas.
