La referente de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, Diana Roman, se refirió al monto de las pensiones RUPE y confirmó que no se está cumpliendo con lo que indica la ley. Lo hizo al señalar que “supuestamente, con la liquidación de este mes se va a dar un aumento de menos de 4000 $, lo que dejaría las pensiones RUPE en 20.200 $. Ese sería el valor y sigue sin ser lo que indica la ley, que es el equivalente al bruto por todo concepto de la categoría 10 PA y T”, remarcó Romano.
Después indicó que desde la Comisión que preside “estamos estudiando el tema con los abogados, para ver de qué manera accionamos en la justicia. Porque el incumplimiento que se está haciendo de la ley es una constante, lo hacen con una impunidad absoluta. Porque el discurso de la Gobernadora, durante la apertura de sesiones, fue entre otras cosas para anunciar esta suerte de recomposición como si fuera un gran logro y anuncia en cadena que va a seguir incumpliendo la ley”, advirtió en declaraciones a Radio Provincia.
Romano expresó que “entonces nos parece que hay que pasar a la órbita de la justicia y estaría muy bueno que algún legislador, que algún juez o fiscal, pudieran actuar de oficio porque no se está cumpliendo con la ley”, reiteró. Alertando que “la ley 712 es muy clara, cuando dice que el monto de la pensión RUPE es el equivalente al sueldo bruto por todo concepto de la categoría 10 PA y T”.
“Ahora nosotros tenemos el decreto, pero claro estamos con un gobierno que nos tiene acostumbrados a que no hay paritarias, donde se han ensuciado todos los recibos de sueldo de los empleados estatales y demás uno no sabe muy bien cuánto es el bruto”, repasó. Aunque mencionó que “sí hay un decreto que establece que ningún trabajador estatal puede cobrar menos de 25.000 $ y el bruto de esos 25.000 $, según el último decreto, son 30.800 $. Entonces esa es la suma que debería estar cobrando un pensionado RUPE”, aseguró la referente de la comisión de Discapacidad de la CTA.
Roman también manifestó que “la realidad es que anunciaron el 1 de marzo este incremento en el monto de la pensión, después el 15 de marzo el resto de los trabajadores estatales recibió la primer parte del aumento y los pensionados RUPE no. Suponemos que con el pago de los haberes de este mes llegará esa especie de recomposición”, deslizó.
Mencionando que “hay un desconcierto total en la gente, no saben cuánto van a cobrar, cuando van a cobrar. Nos lo preguntan a nosotros y no tenemos respuesta, nosotros hemos presentado una nota en el ministerio de Trabajo las veces que se convocó esta especie de mesa salarial con el escalafón seco -esperando que se acordaría algo aunque después se definió todo por decreto- solicitamos que tengan en cuenta que el incremento que se acuerde debía incluir a las pensiones RUPE, pero no tuvimos ninguna novedad”, alertó.
Comentó además que “ahora salió por una gacetilla que las pensiones se van a pagar los 28 de cada mes, como si fuera algo para publicitar. Pero lo que deja en evidencia es que no se llega a fin de mes, por eso adelantan el pago. Este es un reflejo de cómo en nuestra provincia se han ensayado anticipadamente políticas nacionales”, indicó.
Señaló, por otro lado, que “así fue con el recorte que hubo a las pensiones, a los derechos de las personas con discapacidad a partir del paquete de leyes y demás políticas que después se replicaron a nivel nacional. Nosotros tenemos del mes pasado un fallo del Superior Tribunal Justicia a favor nuestro, por la cual el gobierno apeló tres veces una sentencia para otorgar dos sentencias”, dijo Diana Roman.
Afirmó Román que los casos se impulsaron “para otorgar a dos niños con discapacidad -uno con síndrome de Down y una niña con discapacidad múltiple- la pensión que se negaban a darles por razones presupuestarias. Se hizo del amparo y el juzgado en primera instancia ordenó al gobierno otorgarlas. Vuelven a apelar y va a la Cámara de Apelaciones, la Cámara vuelve a darnos la razón y lo llevan al Superior Tribunal de Justicia y el Superior, obviamente, vuelve a darnos la razón”.
“Dijimos que con esa jurisprudencia, que con esos antecedentes iban a dejar de apelar las sentencias. Pero no fue así y otra vez volvieron a apelar un fallo en primera instancia, donde el juez dice que le tienen que otorgar a otro menor la pensión. No sabemos si quieren dilatar los tiempos, creíamos que era para llevarlo al Superior Tribunal de Justicia y tratar de sentar un precedente que los beneficiara. Sin embargo con esos antecedentes en contra, siguen apelando”, expresó la representante de la Comisión.
En otro orden, adujo que existe “como una animosidad contra las personas con discapacidad. Uno se maneja con la lógica del sentido común, con la de la empatía, con ver las necesidades que tienen las familias. Así que no entendemos mucho, porque lo que están pagando son 16.000 $ y no representa para el Estado ninguna erogación significativa”, remarcó.
Para finalizar, Diana Roman explicó que quienes reciben la pensión RUPE son las personas que tienen certificada su discapacidad a través de una junta nacional, “tienen que tener ese certificado y después tienen que pasar por otra junta más, que se realiza en fiscalización y es la que le otorga el certificado médico oficial. Eso en el caso de los mayores de edad, quienes deben tener comprobado un 66% de incapacidad laboral y en el caso de los menores se debería otorgar a todos porque no se evalúa la incapacidad laboral”, advirtió.
Aunque dijo que en el caso de los menores “igual también están poniendo ahora trabas para ese trámite, porque como lo tienen que otorgar si o si están negando la realización de esas juntas, que es otro de los temas que nos está preocupando. Porque como en la justicia no han logrado frenar el otorgamiento de las pensiones que corresponden por derecho, están tratando de embarrar los trámites previos”.
DesdeLasBases.