– Por el concejal Javier Branca
La falta de transparencia municipal en los ingresos y egresos económicos, además de violar la Carta Orgánica de nuestra Ciudad, la Ley Provincial 653 sobre el Derecho a la Información, la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, intenta ocultar de la gestión Walter Vuoto, la promoción de Ciudadanas y Ciudadanos de Segunda.
Nadie puede saber cuánto cobra la clase política municipal y, en consecuencia, no se evidencia como en el “Es con todos”, todos, no son todos.
Entre quienes quedan fuera del “todos”, hay centenares de trabajadoras y trabajadores municipales “en negro” desde hace años: sin vacaciones, sin aguinaldo, sin aportes jubilatorios, sin obra social y con 7 horas de trabajo diarios por $ 33.810 al mes.
Pareciera que a partir del reclamo que se les hiciera al entonces Jefe de Gabinete y a la Secretaria de Economía y Finanzas, en ocasión de la presentación del proyecto de Presupuesto 2.022 en el Concejo Deliberante, los $ 33.810 pasaron a $ 36.237. Un aumento de $ 2.427. El equivalente a dos docenas de empanadas… pero sin envío.
Independientemente que el Convenio Municipal de Empleo determine que la planta temporaria no puede superar el 20% del total del personal y que -como lo reconocieran todas las secretarías municipales en su defensa del Presupuesto 2.022- también la Intendencia viola dicho Convenio, esperamos que la próxima gestión municipal pueda pensar en la promoción económica de la ciudad; por ejemplo, estableciendo convenios de cooperación económica con la producción y el comercio PyME local, pagándoles a esos centenares de personas una parte de sus sueldos, a fin de lograr (junto con el desarrollo económico de la ciudad), la obtención de derechos laborales negados durante años.
Mientras tanto, para que no estén tan afuera del “todos”, voy a presentar para la última sesión del año, un proyecto para que quienes integran el Programa de Capacitación Laboral y el Convenio Casa Base, puedan gozar del derecho a vacaciones como lo hace la planta política municipal y que, además, reciban un bono extraordinario de $ 80.000.
El objetivo de intentar hacerlo público, es para que como otras ordenanzas una vez sancionadas, no duerma “el sueño de los justos”.