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En medio de la crisis, 80 argentinos por día piden la ciudadanía española

Es a partir de la llamada Ley de Nietos, aprobada en octubre de 2022, que amplió la posibilidad de realizar este trámite.

El interés por tramitar la ciudadanía española siempre estuvo latente en la sociedad argentina, pero el descontento social ante la crisis económica y financiera que atraviesa el país hizo que, para muchos, se convirtiera en una necesidad. Ochenta argentinos por día piden la nacionalización del país de sus antepasados.

Es que desde que entró en vigencia la Ley de Memoria Democrática de España, conocida por estas latitudes como Ley de Nietos -que fue publicada en el Boletín Oficial español el 20 de octubre de 2022- aumentaron las solicitudes de nacionalización. La normativa cambió las reglas de juego y permitió reparar la cadena de transmisión de nacionalidad de padres a hijos que se había roto durante la Dictadura y la Guerra Civil Española.

Así, con el objetivo de reparar una “injusticia histórica”, en la nueva legislación, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2022, se flexibilizaron las previsiones de la última reforma y se incluyó a los hijos y nietos de emigrantes, y no sólo de los perseguidos políticos. “A partir de quienes no pudieron acceder a la ciudadanía en 2007, se proyectó lo que podía suceder. Por eso, el número de solicitudes que se reciben está dentro de lo previsto”, indica una fuente del Consulado.

La reforma anterior se había sancionado en 2007. Permitió que los argentinos descendientes de españoles que habían sufrido la persecución de la dictadura franquista, que se extendió hasta 1978, pudieran acceder a la ciudadanía española. En otras palabras, posibilitó que los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela español que hubieran perdido la nacionalidad por haberse exiliado por razones políticas, ideológicas, de creencias u orientación sexual puedan optar a la misma.

También, incluyó a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a aquellos cuyos padres obtuvieron la nacionalidad con la ley de 2007, cuando ellos ya eran mayores de edad.

Con la primera ley de Memoria, más de medio millón de descendientes de españoles (503.499) solicitaron la nacionalidad, la gran mayoría residentes en Argentina y Cuba.

Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los tres primeros meses de aplicación de la ley se presentaron 24.729 solicitudes en todo el mundo, de las que se aprobaron 12.862 y se inscribieron 6668 nuevas nacionalidades. El país con mayor número de presentaciones fue Argentina (7.119).

Según pudo saber Clarín, “están aprobando poco más de la mitad y están desaprobando poco menos de la mitad”. El trámite tiene un promedio de entre 6 y 7 meses de duración. Por lo tanto, es probable que la cantidad de solicitudes presentadas y aprobadas en 2023 se conozca a partir de junio, julio o agosto.

“La ley pretende garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura. Pero por otro lado, tenemos otra preocupación: España atraviesa un déficit demográfico importante, con valores que se remontan a los años setenta. La natalidad ha bajado ostensiblemente. Buscamos una renovación generacional y los argentinos que están y los que vayan, suelen abarcar una edad que a España también le resulta útil”, había destacado Pilar Cancela, secretaria de Cooperación Internacional, en una entrevista con Clarín.

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