“Compartimos las inquietudes, experiencias y sufrimientos que la señora Charpentier ha expresado”, dijeron, en referencia a la audiencia en el Senado, donde ella pidió que se modifique la Ley de Salud Mental y habló del desamparo de muchas familias cuyos hijos sufren adicciones y trastornos psíquicos
“Como familiares de personas con esquizofrenia, compartimos las inquietudes, experiencias y sufrimientos que la señora (Marina) Charpentier ha expresado en la Jornada de debate sobre la Ley Nacional de Salud Mental en el Senado Nacional el 30 de mayo de 2022. También muchos de nosotros vemos que, como madres/padres y responsables de los cuidados, no hay respuestas efectivas del sistema de Salud ni del Estado para resolver las crisis y menos para prevenirlas a tiempo; tampoco para lograr una mejora sustancial y sostenida de la psicosis o la dependencia a las drogas, que conduzca a una reinserción social digna y duradera”, dice el comunicado de la Comisión Directiva de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE), una organización con sede en La Plata.
Con anterioridad a los últimos episodios -el caso de Felipe Petinatto y la nueva internación de Chano Charpentier, entre otros- que reavivaron el debate sobre la Ley de Salud Mental y llevaron a algunos legisladores a convocar a las jornadas en el Senado para escuchar a especialistas y a familiares, AAFE ya se había pronunciado sobre la necesidad de modificar esa norma. A comienzos de febrero de este año, reclamaron ser escuchados y que se reforme la Ley, por el desamparo en el que los deja, en especial frente a la inminencia de una crisis, y por las limitaciones a la internación de pacientes que en su mayoría niegan su condición.
En el mismo sentido habló la madre de Chano: “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”.
“Es una ley que está hecha sin escuchar a las familias -había dicho también Marina Charpentier en su intervención en el Senado-. El artículo 20 dice que un adicto o un enfermo mental tiene que dar su consentimiento para estar internado. Eso es una injusticia, una estupidez, es una falta de conocimiento sobre el padecimiento que tiene un enfermo mental y un adicto. Quisiera que se cambie eso, es una ley anacrónica”.
AAFE por su parte, señalaba, en referencia a “las exigencias de la ley en torno al criterio de internación”, contenidas en su artículo 20 y en el decreto que la reglamenta, que la internación involuntaria de un paciente exige “la existencia de riesgo cierto e inminente de la proximidad de un daño, que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace la vida o integridad física de la persona o de terceros”.
Esa determinación requiere evaluación y diagnóstico interdisciplinario por parte del equipo de salud que interviene en el caso. “El riesgo cierto e inminente…conocido…verdadero… seguro e indubitable es un requisito de muy difícil evaluación, más el esquema de doble responsabilidad hace casi imposible la internación”, decía AAFE en aquel comunicado. “¿No bloquea o dificulta esto el derecho humano de internar por su salud a una persona para sacarla de una crisis o para impedir que caiga en ella?”, se preguntaban con toda lógica. La misma que no inspiró a los redactores de una Ley cuyo espíritu recela de la psiquiatría, sus profesionales y sus tratamientos.
“Es nuestra gran preocupación cuando, habiendo alcanzado nuestro familiar un estado de frágil recuperación, se hace extremadamente difícil sostenerla por falta de dispositivos ambulatorios”, dice la Asociación de Familiares de personas que padecen esquizofrenia (Getty)“Las dificultades a la hora de requerir una intervención efectiva frente a una crisis también se presentan para afrontar otras etapas de una enfermedad mental como la esquizofrenia -dice el nuevo comunicado de AAFE-. Es nuestra gran preocupación cuando, habiendo alcanzado nuestro familiar un estado de frágil recuperación, se hace extremadamente difícil sostenerla por falta de dispositivos ambulatorios, que cuenten con profesionales de la salud mental idóneos y recursos físicos apropiados para abordar la compleja enfermedad que es la esquizofrenia, que incluye en general una falta de conciencia de la enfermedad”, por parte de quien la padece.
Cabe señalar que la actual Ley de Salud Mental, promulgada en 2010, preveía un aumento del presupuesto del área que no se ha verificado, así como la creación de dispositivos intermedios, ambulatorios, hospitales de día, etcétera, que no se han concretado.
Por eso AAFE reclama, por ejemplo, “que haya suficiente número, proximidad y calidad de los centros de salud para apoyar y supervisar el tratamiento farmacológico (dado que es muy frecuente su incumplimiento), así como que existan adecuados centros de día con actividades no sólo recreativas sino de capacitación para trabajos en el ámbito laboral competitivo”. La falta de conciencia de su condición por parte del paciente psiquiátrico hace muy difícil que éste siga un tratamiento por su propia voluntad, sin supervisión. Por eso el reclamo de los familiares.
Ante la situación de incertidumbre y dolor, que reiteradas veces atravesamos los familiares de personas con trastornos mentales severos como la esquizofrenia, es imprescindible profundizar el debate sobre la ley, su reglamentación e implementación, para adecuarla a la realidad sanitaria de nuestro país (AAFE)
“Requerimos que dichos dispositivos comunitarios existan y sean accesibles para todas las personas que lo requieran y todo el tiempo que lo necesiten”, dicen, recordando, como lo expresó también Marina Charpentier, “que mucho peor es la situación de los familiares de personas con trastornos mentales severos y/o dependencia a las drogas que no cuentan con grandes recursos económicos como para solventar una atención privada.”
Reiteran en esta ocasión su deseo de que la Ley sea revisada: “Ante esta situación de incertidumbre y dolor, que reiteradas veces atravesamos los familiares de personas con trastornos mentales severos como la esquizofrenia, entendemos que es imprescindible profundizar el debate sobre la ley, su reglamentación e implementación, que genere de verdad revisiones y modificaciones para adecuarla a la realidad sanitaria de nuestro país, concibiendo que la salud mental es un problema intersectorial, no sólo de salud pública sino de muchas otras dependencias gubernamentales como trabajo, vivienda, bienestar social, entre otras.”
“La posición de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia -concluye el comunicado- se fundamenta en que el acceso a los cuidados de la salud para las personas que sufren esquizofrenia debe ser integral (tanto para la persona enferma como para su familiar con responsabilidades de cuidados), oportuno (accesible en el momento que sea requerido), completo (implementando todos los recursos sanitarios y extrasanitarios necesarios para su salud física y mental), continuo (aplicado en todas las etapas de la enfermedad), digno (ajustado a los derechos humanos y a los derechos a la salud). Consideramos que los costos de los tratamientos, internaciones y dispositivos de apoyo ambulatorio para la recuperación son en realidad inversiones, no sólo en salud, sino también en pos de mejorar la capacidad laboral, de estudio y la calidad de vida de las personas con esquizofrenia y sus familiares, con el horizonte en una vida plena y digna en la comunidad.”