Cuando las generaciones futuras repasen la historia política y social contemporánea de Tierra del Fuego, uno de los capítulos ineludibles será, sin dudas, lo ocurrido en el año 2013, cuando los jubilados estatales tuvieron que recurrir a la Justicia para poder cobrar sus haberes.
La gravísima situación económica y financiera del entonces IPAUSS hizo eclosión en aquel año. Las jubilaciones comenzaron a pagarse primero en tramos según los montos, luego cada vez más lejos de la fecha establecida por la ley, posteriormente esas demoras de días se transformaron en meses, y finalmente, se dejaron de abonar.
Los jubilados tuvieron que llevar adelante medidas de protesta, que iban desde marchas y movilizaciones, encadenamientos en la sede del instituto y hasta huelgas de hambre. Todo para poder cobrar lo que legítimamente les correspondía y para lo que habían aportado durante toda su vida laboral. Nada más y nada menos.
El 25 de abril de 2013, el Defensor Oficial ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, confirmó que patrocinaría a un grupo de jubilados en la presentación de un recurso de amparo por el no cobro de las jubilaciones.
La ex gobernadora Fabiana Ríos no demostró voluntad política de tomar el toro por las astas, a pesar de tener mayoría propia en la Legislatura. El tiempo fue transcurriendo, las erogaciones superaban cada vez más a los ingresos, y llegó el inevitable colapso.
“La inquietud central es no percibir los haberes y tener un marco de incertidumbre respecto de cuánto tiempo más va a llevar que se normalice el pago de los haberes en un pago único. La pregunta es qué se puede hacer al respecto. La respuesta es muy sencilla. La gente llevó adelante todas las gestiones políticas, administrativas, personales y el resultado es incierto. Al día de hoy muchos de ellos no han percibido sus haberes, personas que están en una suerte de limbo que tienen concedido el haber jubilatorio pero no le han determinado el haber entonces perciben 3 mil pesos por mes. Es una realidad que complica la existencia de cualquier persona”, argumentaba en ese entonces Ariznabarreta.
La Justicia, como era lógico y esperable, no tardó mucho en darle la razón a los jubilados, y condenó al IPAUSS a pagar los haberes el 5to. día hábil como máximo, e intimó al Gobierno de Ríos a que cumpla la “percepción integral y oportuna” de los haberes.
Alguien pensará que con el fallo judicial se acababa el derrotero de los jubilados. Nada más lejos de la realidad. Con el argumento de que “una sentencia no hará aparecer mágicamente la plata” la clase dirigente siguió eludiendo sus responsabilidades. Debió pasar bastante tiempo para que pudieran cobrar sus haberes primero, quienes habían presentado los amparos judiciales. Luego, el resto. En cómodas cuotas y en fechas insólitas.
Podría pensarse que estos hechos ocurrieron en la nefasta década del 90, tiempos de neoliberalismo y vaciamiento de las cajas provinciales.
Algunos evocarán la imagen de la jubilada Norma Plá, aquella gran luchadora que hasta tuvo la nobleza de consolar como una madre al ministro Domingo Cavallo cuando derramaba lágrimas de cocodrilo. Pero no. Esto no pasó hace 20 o 30 años. Pasó hace solamente seis.
Tierra del Fuego ha cambiado bastante desde entonces. Y todos deseamos que nunca más los jubilados tengan que deambular por los Tribunales para poder cobrar algo para lo que aportaron toda su vida.