“En octubre de 2019 escuché a mi hija de 16 años de edad declarar durante cuatro horas al respecto de todas las veces en que mi hermano la había abusado sexualmente durante los últimos dos años”, expresó en Ártika Rosa, la madre de una chica abusada que tiene una prohibición de acercamiento para con su agresor, que es violada todos los días ya que el sujeto vive al lado de su casa. “El miedo de mi hija es que le haga lo mismo a sus hermanos”.

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“El hombre ya tenía un pedido de captura, el juez me llamó y me dijo que hace años estaba juntando estas pruebas para volver a la pista inicial que había dado un niño al respecto del rapto de Sofía”, detalló la madre de la pequeña Herrera, en Ártika a doce años de su desaparición.

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Luis Salguero, secretario Gremial del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU) afirmó que el dueño de DNZT, Martín Dunezat, “puede hacer la denuncia que quiera, nosotros desmentimos haber querido pegarles, él quiso provocar a nuestros compañeros”, en el medio del conflicto que hay entre el gremio y la empresa de seguridad e higiene que ya lleva mas de una semana con constantes protestas frente a organismos gubernamentales.

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“Estatales de Pie es una conjunción de organizaciones que confluían en la calle y acordaron dar conformación a un espacio de discusión y proposiciones ante el Gobierno Provincial, para llevarle la postura de los estatales y mostrar nuestro descontento. Nosotros estamos dormidos y ante la propuesta no cumplida de este Gobierno de pasar a una mesa de negociación los problema que se arrastraban desde la gestión Bertone, nos dimos la tarea de encontrarnos, discutir y proponer”, explicó hoy en Ártika el referente de ANUSATE Jorge Pérez.

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Desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de agosto en Tierra del Fuego sobre la Valoración de la Justicia, en la cual se entrevistó a una muestra de 440 personas al respecto de los principales problemas y temas de agenda del Poder Judicial provincial, entidad cuyo funcionamiento tiene “una opinión general negativa”.

“Los datos se presentan en gráficos los correspondientes a resultados generales provinciales, y en cuadros los segmentados por sexo, edad, nivel de estudios, y residencia. Respecto a este último punto, debe aclararse que los datos correspondientes a la localidad de Tolhuin son orientativos, ya que la muestra, al ser proporcional a la población total de la Provincia, tomó un número pequeño de datos como para inferir conclusiones categóricas y precisas”, advirtió en el análisis del estudio los consultores de Vox Populi Estrategia y Comunicación, empresa contratada por el gremio liderado por Luis Bechis para llevar adelante el sondeo entre los ciudadanos fueguinos.

En general, la opinión de la población fueguina acerca del funcionamiento de la Justicia es negativa. Una mayoría importante, 56%, opina que funciona Mal o Muy Mal, y sólo el 38% dice que funciona Bien o Muy bien.

Consultados sólo quienes juzgan Mal o Muy Mal acerca de los fundamentos de su opinión, el 25% dijo que calificó así el accionar de la Justicia porque hay corrupción, el 18% porque está politizada, y el 15% porque hay incompetencia profesional, entre las más señaladas.

Cuando la muestra fue interpelada acerca de su Acuerdo o Desacuerdo con definiciones más específicas sobre su funcionamiento y/o características, su opinión sobre la Justicia fueguina fue más negativa y contundente aún que la valoración general inicial: la caracterización es la de un Poder Judicial ineficiente (66%), lento (83%), lejano de la comunidad (70%), poco transparente (72%), y que no defiende a los más débiles (78%).

Cuando se consultó a la población sobre el grado de confianza que le inspiran los jueces y juezas fueguinos, se refuerza la negatividad de sus opiniones anteriores: casi el 80% responde que Ninguna o Poca, y sólo el 13% que Mucha o Bastante. Con respecto a su grado de independencia del poder político y económico, sólo el 26% opinó que la Justicia fueguina actúa siempre o la mayoría de las veces de forma independiente, mientras que una gran mayoría, el 62%, dice que Nunca o Pocas veces actúa de esa manera.

Resumen Analítico

En torno a las prioridades que la Justicia fueguina debiera tener, la población encuestada priorizó la lucha contra los delitos sexuales contra menores (19%), la lucha contra la corrupción (18%), la lucha contra otros delitos graves (17%), y la lucha contra la violencia de género (15%).

En cuanto a las demandas vinculadas a una mejora en su funcionamiento, la población priorizó la exigencia de más eficiencia a jueces y fiscales (26%), la reducción de trámites burocráticos (24%), la simplificación en el acceso al servicio de Justicia (13%), y la implementación de juicios por jurados ciudadanos (13%).

Finalmente, y en cuanto al Acuerdo o Desacuerdo con el proyecto del Poder Judicial de ampliar el número de jueces del Superior Tribunal, una mayoría contundente (74%) respondió que está en desacuerdo con esa iniciativa, mientras que sólo el 19% manifestó apoyo a la misma.

La encuesta, dirigida por el Licenciado Luis Castelli, se realizó en una población general mayor de 16 años en un promedio de sexo y edad proporcional a la población actual de la Provincia y los segmentos de ponderación fueron sexo, edad, nivel educativo y localidad.

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Pañuelos Amarillos es fundación que nació en Tucumán. Acompaña a las víctimas de abuso durante el proceso judicial que sigue a la denuncia. “La sociedad excluye a la víctima y no al abusador”, señalan.

“Pañuelos Amarillos tiene como fin “acompañar a las mamás que han realizado las denuncias de abuso sexual infantil, sin banderas políticas y la única condición para ser parte es tener una causa judicial o haber sido víctima de abuso y querer participar, colaborar con estos procesos de visibilización y acompañamiento hacia las madres”, explicó en Ártika la abogada fundadora de la organización, Colomba María José Nasca.

La letrada sostuvo que “queremos ayudar a las madres a que resistan la agresión que muchas veces viene, incluso, de su propia familia. Les dicen cosas como para qué denunciaste o mirá en el lío en el que nos metiste, y nosotras les damos una mano para que se sientan contenidas”.

La organización cuenta con un grupo de What’s App donde reúnen a víctimas de todo el país, y se hacen soporte mutuo, “y eso para ellas ya es una alivio”.

La fundación nació a partir de “un vacío legal que hay entre el trabajo de los abogados, los psicólogos, el Poder Judicial y las víctimas. Muchas mamás que se han animado a hacer la denuncia de abuso infantil caen en un agujero negro porque el letrado interviniente de la causa en ese momento no les brinda muchas explicaciones, la fiscalía las confunde y no saben por dónde seguir. Además, muchas veces entran en una situación de crisis y pánico porque hacen la exposición, el abusador queda suelto y la gente no entiende si miente el acusado, la madre o el niño”, explicó Nasca y resaltó “que en los casos donde hubo vínculo familiar, muchas veces el abusador vuelve a buscar a la víctima para que renuncie a la denuncia”.

Colomba sentenció: “Nos hemos dado cuenta en Tucumán -donde ella reside- existe una cantidad importante de mamás que hacen la denuncia de abuso y quedan absolutamente solas, aun cuando tienen abogados o psicólogos porque no tienen protección de nadie. Nosotros siempre distinguimos entre familia protectora y familia encubridora. La segunda suele ser la del abusador, que, por vergüenza, desprestigia a la madre y la familia protectora, que es la que se queda con la víctima y muchas veces desiste rápidamente del tema”.

Además, la abogada consideró que otro de los factores fundamentales es “el alto costo del valor del servicio de los representantes legales, los letrados son caros, los peritos son caros, y entonces, al no lograr poder costear los gastos, la víctima queda sola y cuando no, que es el caso de Tierra del Fuego, a pesar de que haya abido varios abusos denunciados, el acusado sigue libre y vive cerca de la víctima y, en esta situación de desigualdad y extrema vulnerabilidad, nadie protege al niño, cuando toda la sociedad tendría que salir a defenderlo, porque la criatura ya ya ha sido lastimada tanto física como psicológicamente”.

“Nosotros, desde la Fundación, estamos acompañando a Romina la mamá que realizó la denuncia por abuso infantil de la ciudad de Río Grande, el gran problema que tienen la mayoría de las madres, como por ejemplo Romina en Tierra del Fuego, es que el fiscal no toma la decisión de dictar la prisión preventiva al imputado y lo deja en libertad por lo que no se hace prevalecer el principio de protección, interés superior del niño por encima de la presunción de inocencia del imputado y de que debe pasar el proceso judicial en libertad hasta que obtenga una condena. Entonces, el que queda en la calle con el abusador es el niño. El caso de Romina se agrava porque el abusador vive en el mismo edificio osea que hay niños que no pueden dormir del solo hecho de tener que ver a su abusador, la mayoría de las víctimas no puede vivir de miedo, sufren de pesadilla se orinan en la cama, no pueden controlar sus esfínteres, sufren de ataques de pánico que dura para toda la vida en algunos casos”.

La abogada Colomba Nasca dijo que, “en la mayoría de los casos, los abogados que intervienen en el proceso judicial del abuso se limitan y le dicen a la mamá: “Anda y hacé cámara gesel y ya vamos a ver cómo resulta y no le dan estrategias a la madres porque no se inmiscuyen porque juega mucho su responsabilidad; en cambio, nosotros la acompañamos, la asesoramos, hacemos que vea por dónde va a ir, le damos armas para que pueda afrontar este proceso, le explicamos en qué consiste un diagnóstico psíquico y a qué apunta. Así, la progenitora comprende de otra forma el proceso y tiene contacto con las pruebas, las fojas de los expedientes y los testimonios”.

Para finalizar, Nasca consideró que “hay una especie de pacto de silencio con la sociedad donde se excluye a la víctima y no al abusador, ya que sino la familia se veía obligada a romper todos sus lazos”.

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