El Parlamento Provincial está tratando la modificación de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, un proyecto que tendrá incidencia directa en el deseo de ampliación del ejido urbano de Ushuaia que pretende el Ejecutivo. La legisladora Mónica Acosta, que preside la comisión a cargo, pasó por Ártika: “Ser oficialista no es mirar para otro lado, sino trabajar para reconstruir las decisiones que hemos tomados y nos han diezmado en una provincia con tanta demanda y tan poco desarrollo”.
En 2012, con el asesoramiento de un consejo de profesionales integrado por científicos, geólogos, arquitectos, ingenieros, licenciados, y organizaciones ambientales y sociales; se realizó el primer ordenamiento territorial de Tierra del Fuego para la ampliación de recursos, durante el mismo “se trató de hacer todo lo más democráticamente posible y se que concluyó que cada cinco años se realizaría una actualización”, relató la Parlamentaria.
Esta premisa, como tantas, nunca se cumplió, hasta ahora, que la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, comenzó con los encuentros para modificar la marcación de los terrenos y los tipos de bosques, lo cual “tiene incidencia directa con el tema de la ampliación del ejido urbano, que es tratado por una Comisión creada especialmente para su seguimiento”.
Acosta advirtió que, si bien “el ordenamiento de los bosques y la apertura de ejidos son cosas diferentes, están en la misma línea” y manifestó que “desde Nación pidieron a las provincias que regularizaran sus territorios, por eso el Ejecutivo Provincial pidió esta actualización de la ley de bosques nativos”.
En 2012 “se presentaron las propuestas de ajuste de los propietarios de los bosques y ahí nos enteramos de que se licitaron 33 establecimientos rurales y se relevaron 33 puestos de muestreo de conservación, datos con los que en 2014 se incorporaron tierras el ejido urbano de Río Grande”, contó la Parlamentaria y agregó que “en 2015 se relevaron áreas remotas y se incorporaron más hectáreas al patrimonio provincial”.
Asimismo, Acosta refirió que “la legisladora radical Liliana Martínez Allende también hizo aportes e inquietudes sobre los intereses de los particulares” que serán evaluados.
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