Desde FM Ártika entrevistamos a Gabriel Martínez, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Tierra del Fuego, acompañado por la abogada Griselda Engelhard y Sergio Arroqui, miembro de la Comisión Fiscalizadora del Colegio. Los referentes de la institución abordaron la importancia de contratar profesionales matriculados, las implicancias de la nueva normativa de alquileres y la necesidad de basar las decisiones políticas en estadísticas.
La importancia de contratar con profesionales matriculados
El objetivo central de la visita, según explicó Martínez, fue visibilizar el Colegio como un organismo de control y asesoramiento para la comunidad. El presidente hizo hincapié en la necesidad de que los ciudadanos traten con “martilleros y corredores inmobiliarios debidamente colegiados en nuestra institución”.
Por su parte, la abogada Engelhard subrayó que tener un cartel de inmobiliaria no garantiza la matrícula profesional, y alertó sobre el ejercicio ilegal de la profesión, que constituye un delito que afecta la fe pública y se da de forma “naturalizada en esta ciudad”. Ante esta situación, el Colegio invita a la comunidad de Ushuaia a verificar a sus profesionales: “Pueden mandar mail, pueden mandar whatsapp y nosotros lo vamos a estar asesorando en todo lo que haga a la esfera de competencia del colegio”.
Sergio Arroqui aclaró la diferencia en la canalización de denuncias: si se trata de un profesional matriculado, la denuncia por mala praxis debe dirigirse al Colegio de Martilleros. En contraste, si la persona no está matriculada, se incurre en un ejercicio ilegal y la denuncia debe ser canalizada a través de Defensa del Consumidor (al estar el ilegal alcanzado por la Ley 24.240) o a la Justicia Penal.
Martínez reforzó el mensaje haciendo una fuerte autocrítica a la mentalidad del ciudadano, que, buscando el “dueño directo” o lo más económico, corre riesgos: “Lo que hay que cambiar, la mentalidad que tiene que cambiar el ciudadano en todo ámbito, es que si realmente está contratando con un ilegal y va a seguir siendo esto de esta manera, entonces también tiene que tener la conciencia de decir con qué contrato, por qué”. Además, destacó que el concepto de “inmobiliaria” no es un comercio, sino un lugar físico donde se ejerce una profesión regulada.
La abogada del Colegio explicó que, si bien la Ley de Defensa del Consumidor excluye a los profesionales matriculados de la mayoría de los reclamos, sí aplica en casos de “publicidad engañosa”, un ejemplo de lo que se puede denunciar ante dicho organismo.
Consecuencias de la ilegalidad y la nueva ley de alquileres
Respecto a quienes contratan con ilegales, Martínez y Engelhard coincidieron en que “lo barato sale caro”. Muchos inquilinos terminan recurriendo al Colegio porque propietarios o ilegales no respetan la normativa, imponen aumentos discrecionales o ni siquiera realizan un contrato formal. Si bien el Colegio asesora a las víctimas de ilegales y puede presentarse como querellante, el patrocinio legal del damnificado corre por cuenta propia. “Esta persona no va a tener el patrocinio jurídico del colegio, porque contrató con alguien que no está controlado por el colegio. Va a tener que contratar a un colega con lo que eso implica”, afirmó Engelhard , en resguardo de los intereses del Colegio y la comunidad profesional.
El presidente Martínez se refirió a la reciente derogación de la Ley 27.551, señalando que fue “un aire fresco para el mercado” y terminó beneficiando a todas las partes al flexibilizar el plazo y las condiciones. Remarcó que la norma anterior era “nefasta” y había generado una gran retracción de la oferta, resultando en precios altos y nula previsibilidad.
En este marco, abordó el tema de los alquileres temporales, indicando que la nueva normativa permite alquilar una propiedad por períodos cortos, incluso un día, sin intervención de Infuetur, ya que lo que prima es el destino habitacional y el plazo es determinado por voluntad de partes, dado que la ley que ponía el límite de tres meses para alquileres turísticos “está derogada”.
Según el análisis de los profesionales, la flexibilización ha resultado en una “sobre oferta” en el mercado de Ushuaia, donde un departamento en alquiler demora alrededor de un mes en rotar, frente a los pocos días que tardaba en la vigencia de la ley anterior.
La política y las estadísticas en el urbanismo de Ushuaia
La conversación derivó en un análisis sobre la planificación urbana y las decisiones políticas. Martínez fue crítico con los legisladores al recordar que, durante el debate sobre una posible regulación local, el Colegio tuvo que llevar estadísticas oficiales para fundamentar su postura: “Las decisiones se toman basadas en información”.
Martínez desmintió la percepción de que Ushuaia posee el mayor problema habitacional de la provincia, indicando que, según las estadísticas que el Colegio presentó a la Legislatura, “Ushuaia era el que menos problema habitacional tenía”.
Sobre la edificación en la capital fueguina, Martínez abordó la preocupación de un oyente sobre la altura, desmintiendo que exista una prohibición de construir más de tres pisos por zona sísmica. Explicó que el Código de Edificación, en la zona central, permite alturas máximas que pueden llegar hasta 21 metros en el tope, lo que se traduce en varios pisos. No obstante, criticó la actual zonificación: “Para mí, hay que cambiar la zonificación de la ciudad y hacerla mucho más estratégica en una ciudad con montaña como ésta”, para evitar que los edificios terminen “transformando el centro en un túnel” que tapa el sol.
La nota concluyó con Martínez reiterando la recomendación principal: “La gente entienda que necesita un profesional”, y recordó los canales de contacto del Colegio para consultas: 2901-550262 y el mail colegio.martilleros.ushuaia@gmail.com
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