Un candente debate se enciende en la provincia de Tierra del Fuego en torno a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y los materiales didácticos que el Ministerio de Educación provincial está distribuyendo en las escuelas. En el ojo de la tormenta se encuentra Natalia Gracianía, legisladora y abogada, quien ha levantado su voz para denunciar lo que considera una “intromisión” del Estado en los derechos de los padres y un “adoctrinamiento ideológico” en las aulas, especialmente en los niveles inicial y primario.
La polémica, que se viralizó a través de publicaciones de Gracianía en redes sociales, pone en el centro la preocupación de padres y docentes ante contenidos que, según la legisladora, son “inapropiados” para la edad de los niños y se imparten sin el consentimiento ni la participación de las familias. El foco de la discordia son dos efemérides específicas de junio: el Día Internacional de la Educación No Sexista (21 de junio) y el Día Internacional del Orgullo LGBTIQN+ (28 de junio).
Gracianía detalló que entre los materiales distribuidos por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego se incluye una canción en lenguaje inclusivo destinada a niños de jardín de infantes, es decir, de apenas 5 años. “Les enseñan a hablar con la ‘e’ a niños que recién están aprendiendo cómo se debe hablar correctamente“, enfatizó la legisladora, argumentando que esto genera confusión en una etapa crucial del desarrollo del lenguaje.
Pero la preocupación no se detiene ahí. La abogada también señaló la sugerencia de utilizar un video animado para el primer ciclo de primaria (niños de 6, 7 y 8 años) que “muestra una relación romántica entre dos preadolescentes del mismo sexo” y propone preguntas que, a su juicio, “los llevan a pensar cosas para las cuales no están preparados emocionalmente, no están maduros para hablar de estos temas”. Gracianía es enfática al afirmar que el objetivo de la escuela no es “generarles problemáticas en su cabecita” a edades tan tempranas.
La legisladora de La Libertad Avanza sostiene que la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) está siendo “mal utilizada” con fines de “adoctrinamiento político” e ideológico. “La ley prevé la participación de las familias. Ahora, si el Ministerio de Educación no le da participación a las familias, si las escuelas no le dan participación a las familias, están haciendo mal, están mal utilizando una ley para adoctrinar”, puntualizó.
Gracianía hizo hincapié en que la familia es el “agente educador primario” y tiene el derecho y la responsabilidad de decidir sobre el tipo de educación y contenidos que reciben sus hijos, especialmente en temas tan “sensibles”. Además, remarcó la importancia de la libertad de conciencia de los docentes, quienes, según la ley, pueden argumentar su objeción de conciencia para no impartir contenidos con los que no estén de acuerdo. “Si bien ellos tienen esta libertad de cátedra que les otorga la ley, también es obligación del docente respetar la libertad de conciencia de sus alumnos”, afirmó.
Ante el temor de muchos padres a plantear estas objeciones en las escuelas, Natalia Gracianía brindó un mensaje de aliento y herramientas concretas. “No están solos”, aseguró, e instó a los padres a presentar notas por escrito en las escuelas manifestando su oposición a que sus hijos reciban información de “adoctrinamiento” o contenidos específicos de ESI sin su consentimiento informado.
La legisladora ofrece un modelo de carta/nota a disposición de las familias en sus redes sociales, y aconsejó a los padres solicitar una copia firmada con “recibido” y denunciar públicamente o ante el Ministerio de Educación si sus derechos no son respetados. “Si nosotros no peleamos por nuestros hijos, nadie nos va a defender”, sentenció, subrayando la importancia de la organización y la defensa activa de los derechos parentales, respaldados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes como la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. “Los padres y las familias tienen todo el derecho de saber qué contenido se les brindan a sus hijos de manera previa, no después que los contenidos se dan, porque el Estado no es el dueño de la conciencia de nuestros hijos, esto tiene que quedar absolutamente claro”, enfatizó.
La situación en Tierra del Fuego, según Gracianía, es un reflejo de un problema mayor donde “el Estado se mete en muchos lugares porque tiene intenciones justamente de tomar lugares que no le corresponden”. La legisladora concluyó que la escuela no debe ser un espacio de “adoctrinamiento” y que es “una obligación de todos y cada uno, y sobre todo de los padres y también de los docentes, de manifestar que si no están de acuerdo, puedan también manifestarse en contra de estos contenidos que no son apropiados para niños desde ningún punto de vista”.
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