Desde FM Ártika entrevistamos al legislador Pablo Villegas, referente del Movimiento Popular Fueguino. El legislador se refirió a temas centrales de la agenda provincial, incluyendo proyectos de ley para disolver empresas del estado, la defensa de la autonomía provincial frente a la intervención nacional y la importancia de tener representantes en el Congreso Nacional que prioricen los intereses de los fueguinos.
Villegas detalló su labor legislativa, destacando un proyecto de ley que busca derogar la Ley 1585. Esta ley ratificó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, por el cual la provincia de Tierra del Fuego paga $1.300 millones en cuatro años para que se elabore un manual de procedimientos para el Ministerio de Educación. “Esos recursos se debieron afectar al sistema educativo para otras cosas“, y no para “una facultad de Buenos Aires” que realiza un trabajo que podría ser hecho por personal local o por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Pablo Villegas impulsa la disolución del Laboratorio del Fin del Mundo, empresa estatal que, en lugar de producir, actúa como una “droguería más”, comprando y vendiendo medicamentos al Estado para evitar licitaciones públicas. El legislador denunció graves irregularidades, incluyendo la compra de medicamentos innecesarios por más de dos millones de dólares. Según Villegas, el Laboratorio genera gastos millonarios que deberían ser destinados a educación, salud y seguridad.
Villegas defendió la ley provincial que prohíbe la salmonicultura industrial, un modelo productivo que considera “manifiestamente negativo para el desarrollo” de la provincia. Reconoció la existencia de “fuertes intereses económicos” que buscan revertir la normativa, pero destacó que la ley 1355 “fue ejemplo en el país, en el mundo, y que tuvo una amplia, profunda y muy objetiva legitimidad social, porque fue debatida… y sancionada por unanimidad”. Subrayó la necesidad de que los legisladores tengan “el cuero gordo” y “convicciones lo suficientemente claras para saber qué hacer y cómo hacer” frente a las presiones.
Sobre la polémica reciente por la ley que autorizó la afectación de recursos del puerto para sanear la crisis de la OSEF, Villegas manifestó su molestia con la intimación del gobierno nacional. “Me genera… urticaria, por así decirlo, o alergia, cuando alguien desde la ventanita del obelisco de Buenos Aires nos trata de decir qué hacer y cómo hacerlo”. Explicó que la ley fue “consecuencia de la inacción y la inaptitud” del poder ejecutivo provincial, que durante seis meses no logró una solución. La alternativa que se pretendía, era que el costo de los “desmanejos” de la obra social fuera asumido por los empleados estatales, algo con lo que él y la mayoría de los legisladores no estaban de acuerdo, especialmente en un contexto de “salarios deprimidos” y “escuelas sin clases porque los docentes reclaman mejores salarios”.