Desde FM Ártika entrevistamos al Legislador Pablo Villegas, representante del partido Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), quien brindó un detallado análisis sobre la situación institucional de la provincia, marcada, según su criterio, por la inactividad legislativa, la falta de transparencia en la gestión de empresas públicas y una preocupante realidad en materia de seguridad y educación.
La agenda política y la inactividad en la Legislatura
Villegas comenzó criticando la parálisis en el Poder Legislativo fueguino: “Hace mucho tiempo que no sesionamos, eso tiene mucho que ver con las decisiones que imponen algunas mayorías”. El legislador apuntó directamente al Ejecutivo provincial, asegurando que existe un “mandato político del gobernador” para que la Legislatura “no trabaje” y no se debatan temas cruciales. En su opinión, esto se refleja en las últimas elecciones nacionales, donde “siete de cada diez fueguinos votaron en contra al oficialismo”, lo cual es un indicador de que la gente no está de acuerdo con esta modalidad de trabajo institucional.
El legislador se mostró particularmente crítico con el manejo de las comisiones, donde, a su juicio, “algunos imponen alguna agenda política, otros no quieren que se hable de tal o cual tema”.
El debate sobre Salmoneras y el modelo de Estado
Uno de los debates clave en la Legislatura es la intención del Poder Ejecutivo de derogar la Ley 1355, que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego. Villegas advirtió que el debate va más allá de lo ambiental:
“Lo que está de relieve, y no es solamente Salmonera sí, Salmonera no, sino el modelo de Estado que pretendemos para nosotros y para las futuras generaciones”.
Señaló que la intención de habilitar el debate sobre la derogación se hizo “violando las reglas jurídicas” y el reglamento interno de la Cámara, lo que lo convierte en un punto de inflexión sobre “qué tipo de Estado y qué tipo de instituciones vamos a querer nosotros respetar y construir en la Tierra del Fuego”.
Críticas al Presupuesto y la “geografía” del gobierno
El legislador reveló que la Ley de Presupuesto no incluye fondos para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero sí artículos que reflejan prioridades cuestionables del gobierno. Denunció que se establece que “no se van a otorgar más pensiones a discapacitados” y, en contraste, se asume un “costo fiscal de 13 mil millones de pesos” por la reducción de la tasa de verificación del proceso productivo, lo que implica perdonar impuestos a grandes grupos empresarios.
Villegas calificó esto como una “geografía de este gobierno”, que estatiza deuda (como la de YPF) y “privatiza la generación estratégica de energía” a una empresa china a través de Terra Ignis. El legislador lamentó que las autoridades de Terra Ignis Energía se nieguen a dar información pública a los legisladores, negando el control parlamentario.
También cuestionó el rol del Laboratorio del Fin del Mundo, al que tildó de “pantalla” y que ha generado:
“juicios por más de 2 millones de dólares por la compra de medicamentos que no sirvieron para nada”.
Crisis educativa y el financiamiento de hospitales
Sobre la educación, Villegas afirmó que la provincia tuvo “un año donde los hospitales públicos han pasado penuria” y el sistema educativo “va a estar con días sin clase”.
“Tenemos estudiantes que no van a tener la formación porque el daño pedagógico es irreparable”.
Villegas acusó al Ministro de Educación de “vivir una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que vive la gente”. En este contexto, propuso reglamentar las desobligaciones, que califica como “paros ilegales”, para evitar la complicidad del gobierno que evade los descuentos salariales.
En cuanto a la salud, denunció que el Poder Ejecutivo Provincial apañaría a “gremios que se financian con los recursos de los hospitales”, perdonando las deudas de las prepagas y las obras sociales, siendo que esos recursos son esenciales para el funcionamiento hospitalario.
Hacinamiento carcelario y datos criminológicos en Ushuaia
Respecto a la seguridad, el legislador vinculó la ampliación de la Alcaidía de Ushuaia a dos acciones institucionales: la Ley de Emergencia de Seguridad, que destinó 14 mil millones de pesos al área sin resultados visibles (“no han comprado un patrullero”), y un habeas corpus correctivo-colectivo que presentó desde el Comité de Prevención de la Tortura, que obligó al Ejecutivo a descomprimir el hacinamiento.
El legislador explicó que la construcción de la nueva unidad con material ligero se justifica en el perfil criminológico de los internos de Tierra del Fuego, ya que casi el “50% de las personas privadas de la libertad en Tierra del Fuego responden a delitos de abuso sexual”.
Villegas alertó que la provincia está “muy por encima de la media nacional” en este tipo de delitos. Manifestó su preocupación por la falta de una investigación seria por parte del Poder Ejecutivo para entender las causas de esta cifra, que es “multicausa“, e insistió en la necesidad de crear un organismo, una especie de “índex del delito en la Tierra del Fuego”, para construir políticas públicas basadas en datos objetivos y confiables.
El legislador concluyó con un llamado a la acción política responsable, que se enfoque en la austeridad, el control de la legalidad y el bienestar general, y no en la especulación o los intereses sectoriales.
A continuación, te invitamos a escuchar el audio de la entrevista completa: