Hace una semana, y en el medio de la lucha de los choferes de las agencias de remís Carlitos y Bahía Hermosa con la patronal por el costo del cánon diario impuesto por la empresa, las remiserías despidieron a diez personas – cuatro propietarios y seis empleados -: “Tomaron la decisión de desvincularnos, nosotros teníamos las licencias vencidas pero estamos avalados por el municipio en el marco del cese de actividades por el coronavirus ya que al no haber actividad, no se pueden renovar, aunque la renovación es automática, solo basta con presentar un libre deuda”, explicaba Ricardo Robledo en Ártika, el dueño del movil 72 que trabaja en Bahía Hermosa desde el dos de mayo de 2015.
Ricardo compró el lugar en la agencia a un antiguo titular que vendía el puesto, y abonó por el mismo casi medio millón de pesos, más doce meses de cánon – que hoy ascenderían a 124 mil pesos. Tenía como empleado a su hijo, hasta que el siete de julio les propusieron vender sus lugares en 45 días o bien, se los desvincularía. Ante la negativa de Robledo, Alberto Esperanza, dueño de ambas empresas, lo echó de Bahía Hermosa sin preaviso y sin causa, al igual que a los propietarios y choferes de los móviles 11, 42, y 35 de Carlitos.
La firma del telegrama de desvinculación es la de Oscar Aroyo, que es el apoderado de Carlitos, y el trabajador del volante estima que “con el correr de los días nos va a seguir despidiendo” y explicó que “nuestra agencia tiene una tarifa de 30% o más diferencia con las demás agencias, por lo que la gente no elije el servicio. Nosotros estamos esperando hasta cuatro horas para conseguir un viaje, cuando en las demás remiserías salen uno detrás del otro. Así fue que hicimos una encuesta que arrojó como resultado que más del 60% de los trabajadores están en desacuerdo con los precios tan elevados para los clientes y eso llevó al despido hasta ahora, de diez personas”.
La ordenanza que regula el servicio de remís en la ciudad es obsoleta, se hizo cuando era una comuna, por lo que los propietarios pidieron al Consejo Deliberante la modificación de la misma, en pos de que la patronal “no pueda cometer estos atropellos, que datan desde hace muchos años y seguirán adelante con los compañeros que se manifestaron en este último tiempo en contra, que son unos treinta, irán por el mismo camino, los van a ir dejando afuera”.
Asimismo, Robledo criticó que “Esperanza y Giunta tienen contratos de por vida para explotar las agencias de remís y si alguno de los propietarios está en contra de alguna de las determinaciones que toman automáticamente no les renuevan el contrato, cuando para trabajar, nosotros pagamos un millón de pesos por el auto, medio millón por la licencia, más de treinta mil pesos por mes de canon y uno por adelantado”.
Por último adelantó que ante los despidos, “presentamos un recurso de amparo, vamos a ver qué opinan la Justicia y el Concejo Deliberante de la modificación de esta ordenanza”.