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sábado, marzo 2, 2024
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Notas Ártika – Sergio Arroquy: “Nosotros hacemos hincapié en que hay que trabajar solo con profesionales matriculados para evitar este tipo de estafas”

Desde los estudios de FM Ártika entramos en comunicación telefónica con Sergio Arroquy, fiscalizador del Colegio de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, con quien dialogamos sobre el caso que sucedió en el año 2011 en la ciudad de Ushuaia, sobre la estafa de las viviendas que fueron edificadas por el IPV con fondos del programa nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad, y estaban destinadas íntegramente a afiliados a ATE.

“Acá es donde nosotros decimos y hacemos hincapié de por qué hay que trabajar con personas con título, y con matrícula en el colegio. Acá hubo una causa, inclusive, en el juzgado civil, precisamente lo llevaron a juicio al intermediador, a la persona intermediadora que es el señor Francisco Freire, que es el dueño de varias empresas aquí, él intermedió sin título profesional, y quedo, inclusive eso, quedo en la causa, quedo evidenciado que él no tiene título profesional, no tiene matrícula, y se quiso valer de eso para atenuar un poquito la pena”, comentó Sergio Arroquy.

Los damnificados de esta estafa fueron más de 20 personas. Los departamentos que ofrecían, de manera ilícita, para la venta, se encontraban en el barrio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en la zona de la urbanización Barrancas del Río Pipo, de Ushuaia. Se informó, en aquel momento, cuando los involucrados de este caso fueron juzgados, que por estas maniobras, los incriminados se habrían beneficiado con sumas de $8.145.000 y U$S52.000.

Los departamentos que el Señor Francisco Acosta Freire (responsable en aquel momento de la inmobiliaria Proyectos Inmobiliarios) ofrecía para la venta, eran departamentos que el IPV había construido en las Barrancas del Río Pipo. Para acceder al listado de posibles beneficiarios hacía falta ser empleado del estado provincial, estar afiliado a ATE, tener como mínimo dos años de residencia en la provincia, no poseer otras propiedades inmuebles en el país y no haber accedido en el pasado a otra solución habitacional del IPV. Los damnificados no contaban con ninguna de estas características.

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