Las lluvias de marzo definirán el impacto final. Se estiman pérdidas por US$ 9600 millones.
El Gobierno empezó a asumir un peor escenario por la sequía más dura en 60 años. En el ministerio de Economía siguen afinando los números, mientras se dilata la negociación de un alivio en las metas con el FMI, justamente por el impacto de ese fenómeno, la gripe aviar y la guerra en Ucrania. Cerca de Sergio Massa estiman una pérdida de US$ 9.600 millones en el ingreso de dólares, un cálculo optimista frente a los US$ 14.200 millones previstos por el mercado.
Todavía falta ver qué ocurre en las próximas tres semanas con las lluvias para definir si se amplía o se recorta el daño. “Para tener el dato actualizado hay que esperar 20 dias, hasta ahora el impacto es de US$ 9.600 millones con foco en falta de producción en el núcleo húmedo pampeano pero hay alta producción en el norte argentino, en el litoral y en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires”, señalaron en despachos oficiales.
En su último pronóstico, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó la producción a 11,5 millones de toneladas de trigo, 27 millones de soja y 35 millones de maíz, con caídas de hasta 36% respecto del ciclo pasado. Con los últimos ajustes, Economía se acercó a los números del sector privado, pero aún con previsiones superiores. En el caso de la soja, la cosecha estimada cayó de 37 a 34 millones de toneladas. “Está empeorando”, reconocen en Agricultura
Además de la producción, el Gobierno monitorea otros tres frentes sensibles. El primero es la postergación de embarques para asegurar el mercado interno, lo que implica menos divisas. Massa prorrogó el año pasado por 360 días las exportaciones del trigo entre el próximo 1 de diciembre y el 28 de febrero de 2023. Y el martes pasado, extendió 180 días las de maíz entre el 1 de marzo y 31 de julio, casi el 90% de las exportaciones programadas en 2023.
El otro factor es la aceleración de importaciones temporarias de Brasil, Paraguay y Bolivia, que podrían representar US$ 2.400 millones. Fuentes del sector agroexportador estiman que las compras para apuntalar la molienda y reexportar derivados de soja alcanzaban 1,5 millones de toneladas a esta altura del 2022, mientras hoy llegan a 2 millones de toneladas y podrían totalizar 8 millones en la campaña 2022/23, más del doble que el ciclo previo.
“Hasta ahora, se importaron unos 2 millones de toneladas, lamentablemente no hay medidas posibles para atenuar porque al faltar granos no hay forma de sustituirlos salvo la soja de Paraguay y Brasil que es un paliativo”, señaló un exportador. El grueso -unas 5 millones de toneladas- provendría de Paraguay, para aminorar la capacidad ociosa en la industria, que ya llega al 68%. Aún así el procesamiento tocaría su nivel más bajo desde el ciclo 2008/09.
El tercer indicador que concita la atención oficial es el stock de granos en poder de productores y acopiadores. El Gobierno cree que retienen 6 millones de toneladas y que van a necesitar venderlas, lo que permitiría recomponer las reservas del Banco Central. Los cálculos privados oscilan entre los US$ 1.500 y US$ 4.000 millones, pero los productores aguardan primero el dólar soja 3, después de concluir en diciembre el tipo de cambio diferencial a $ 230.
Así las cosas, el derrumbe del sector que genera mayor cantidad de divisas acrecienta las presiones sobre el rumbo económico. Para Ecolatina, le mete más tensión a la estrategia de mantener la suba del dólar oficial a un ritmo que evite una devaluación discreta, complica las metas con el Fondo, impacta en el nivel de actividad y la restricción a las importaciones seguirá presionando sobre la inflación, lo que sumará dificultades para sostener los acuerdos de precios.
Por lo pronto, la AFIP advirtió que comenzó a evaluar medidas sobre las silobolsas tras la caída del 9,5% real interanual en la recaudación de febrero. Y la Aduana intimó a las cerealeras Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss por presuntas maniobras para abonar menos retenciones por exportaciones de soja previamente importadas desde Paraguay, por US$ 50 millones. El régimen de importaciones temporarias sigue así en la mira de las autoridades.