Los mensajes fueron para Martín Herrera cuando se enteró que el ex arquero había ido a la Justicia. El ex 10 de Ferro y Boca está acusado de defraudación y estelionato.
Alberto José Márcico (61) fue procesado y embargado junto a uno de sus hijos (Lucas Alberto) por “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y por estelionato”, delitos con penas de hasta seis años de cárcel, la justicia además les trabó un embargo de 1,8 millones de dólares y dos millones de pesos cada uno. Los dos se mantienen en “libertad provisional”.
El fallo fue firmado por el juez Fernando Caunedo, tras una investigación del fiscal Andrés Madrea. Los Márcico, en pocas palabras, están acusados de venderle a terceros propiedades que ya tenían dueño.
“Martín, sí, solucionarlo, Martín. Si yo te hubiese querido cagar, ya te hubiese cagado, no te hubiese pagado un mango partido por la mitad… (…) Nunca se me cruzó cagarte, ni cagué a nadie (…) ¿Hoy me mandás una causa penal? Es una locura lo que hiciste, es una locura (…) Tené cuidado con el asesoramiento que tenés, los abogados son todos unos hijos de puta, todos. Yo ahora me presento en convocatoria o en quiebra, y por más que hagas lo que hagas, olvidate, no cobrás más, no cobra nadie (…) Me llama la atención (…) Pero depende de vos también. ¿Querés seguir con el juicio? Haceme juicio, después vemos a dónde terminamos. Me llama poderosamente la atención. Chau Martín, chau…”
“Martín” es Martín Horacio Herrera (51), ex arquero de Boca, Ferro, Estudiantes de La Plata, Alavés de España, entre otros equipos. La voz en el teléfono, el tono, es inconfundible. Se trata de “Beto” Márcico, con una carrera futbolística que supo alumbralo con las mejores luces. Ferro, Boca, Toulouse de Francia, Gimnasia de La Plata. Se acabaron los tiempos de amistades, de mensajes de feliz cumpleaños, de felices fiestas. Ahora es todo distancia y frialdad, incomodidad. La plata lo hizo. Rompió todo.
Herrera denunció a Márcico por estafa: le reclama por los cinco departamentos que le compró y nunca le entregó. La operación se realizó entre noviembre y diciembre de 2012, cuando el ex arquero le compró dos departamentos en Roosevelt 3607 por 80 mil dólares cada uno y tres unidades de un edificio de Migueletes al 1200 por 255 mil dólares, 155 mil dólares y 165 mil dólares en efectivo. A cambio, “Beto” le entregó boletos de compraventa.
Antes ya habían hecho otro negocio, un antecedente que según el propio Herrera no le había lastimado la confianza hacia Márcico y su entorno familiar, ya que en las sociedades creadas figuraban también el padre del 10 y sus dos hijos.
En 2008, Márcico constituyó la S.A. “Los Loft de Godoy Cruz” y le ofreció a Herrera la posibilidad de invertir una torre que iba a construir en Palermo. El arquero puso 300 mil dólares a cambio de algunos departamentos, según el expediente al que tuvo acceso Clarín. Ese mismo año, “sellaron” otro acuerdo, por el mismo monto, pero por toda la planta baja del edificio de Migueletes 1268. Por algún motivo, tres años más tarde la operación se canceló y “Beto” le devolvió la plata a su ex compañero.
Al año siguiente, en 2012, un nuevo negocio los reunió, el ya detallado de los cinco departamentos, pero todo indica que el final no será en buenos términos. De hecho, ya no lo es: hay una causa judicial en curso. Incluso Herrera, quien vive en Córdoba, viajó en su momento a Buenos Aires para ver los departamentos de Migueletes. Pero había gente viviendo. Ahí fue cuando el arquero inició una demanda judicial contra su amigo el año pasado.
“Hubo una doble venta de los departamentos y, en algún caso, hasta una tercera”, dijo a Clarín una fuente del caso.
Y eso no es todo. La causa avanza y se le sumó la denuncia de una mujer, Marta Zulema Rondinella (73), dueña de una financiera con vínculos a los pases de futbolistas, que contó que a fines de 2016 decidió invertir 750 mil dólares en una torre que la sociedad “Edificio Migueletes 1268 SRL”, también integrada por Lucas (33) y Pablo (36) Márcico, hijos del ex enganche de Boca.
Pero no quedaría solo en eso, que ya es suficiente y eleva el monto de la estafa unos billetes por debajo del millón y medio de dólares. “Hay más víctimas, al menos dos más, y son del ambiente del fútbol”, le confirmó a Clarín el abogado José Pelleriti, que representa a Herrera en esta causa. También con inversiones inmobiliarias frustradas están afectados el preparador físico Javier Valdecantos y el ex jugador Favio “Yagui” Fernández, quienes analizan incorporar sus casos al expediente.
“Martín, la semana que viene nos juntamos. Si no encontramos solución, seguí con el juicio, después vemos a dónde terminamos. A todos los que fui a ver me dijeron ‘seguí con el juicio este’… (…) Capaz que no te juntás conmigo, te juntás con un abogado, sin amenaza de nada, eh, nada, pero por ahí lo solucionás con ellos (…) Pero ojo con tus abogados, eh, te van a mandar al muere con esto, con lo otro, ojo, no es tan así, fijate bien, yo los conozco. Chau Martín, chau loco”, se escucha en otro de los mensajes de voz.
Los audios también fueron sumados a la causa y para Pelleriti son pruebas suficientes para ir por más: amenaza y extorsión.
¿Por qué solo ellos dos cuando en realidad en las sociedades figuraban el padre de Márcico y otro de sus hijos? Porque en principio son los principales involucrados. De hecho, se cree que tenían como maniobra habitual modificar periódicamente la conformación del directorio de las sociedades para no cargan todo sobre una sola firma.
“Márcico debe ser castigado por la estafa y mi cliente debe obtener las escrituras de los departamentos. Hay una escribana también involucrada, ella es responsable también”, dijo Pelleriti. Esa persona es Noemí Beatriz Zambrano, con su estudio en Av. De Mayo al 1300.
El caso de la empresaria
Rondinella había acordado con Márcico la compra de unos departamentos en un edificio de la calle Benito Quinquela Martín al 1700, en Barracas. Según el relato de la empresaria, pactaron la entrega de los 16 departamentos y 6 cocheras para el 1° de mayo de 2018. Eso no ocurrió y empezó la vía formal. Primero cartas documento y luego un juicio de escrituración ante el Juzgado Civil N° 29, que ordenó el embargo del edificio.
Un año después, “Beto” reconoció la venta de los departamentos y las cocheras a Rondinella, la recepción del dinero y la entrega de los boletos. En aquel acuerdo, Márcico le entregó la posesión de las propiedades a la mujer.
La sorpresa vino cuando la compradora fue al lugar a certificar que todo estuviera en condiciones y se encontraron con que varios de los departamentos estaban ocupados. Pero iba a haber más: al enterarse de lo que había pasado, Lucas Alberto Márcico, gerente de “Edificio Migueletes 1268 SRL”, declaró en el expediente que su padre se había extralimitado en sus funciones y que 10 departamentos ya se habían entregado a personas que denominó “boleto habientes”.
Lucas dijo también que los boletos que tenía Rondinella eran una suerte de garantía de los 750 mil dólares que les había entregado. Después de aquel episodio, los Márcico le ofrecieron a la mujer una operación similar bajo la condición de no solicitar información al Registro de la Propiedad Inmueble.
Lo que los investigadores sospechan es que al hacer las ventas por boleto, al no quedar inscriptas, Márcico podía vender un mismo departamento a varias personas. La causa contra “Beto” y su hijo Lucas tramita en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 39. El fiscal Andrés Madrea pidió la unificación de las dos denuncias y ordenó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad hacer un relevamiento en cada uno de los departamentos en disputa para saber si están habitados y bajo qué título.
En varios casos, los investigadores detectaron que las personas que viven allí también le habían dado el dinero a Márcico y a cambio recibieron un boleto de compraventa. La realidad es que la torre de Roosevelt también parece estar “floja de papeles” ya que, según surge del expediente, ninguno de los departamentos se pudo escriturar por un “problema con la constructora”.
“Lo que él dice es que esto era a modo de un préstamo, que los boletos se los daba como garantía o aval. Pero ese no es un instrumento adecuado para responder ante un préstamo. Herrera tampoco es prestamista y en el caso que hubieran acordado algo así, igualmente Márcico durante dos o tres años no le dio respuestas a su amigo”, señaló una fuente con acceso al expediente.
El juez Caunedo remarcó en su fallo ese punto referido a la excusa de Márcico y el supuesto préstamo del dinero: “Si Alberto José Márcico interpreta que firmó esos boletos de compraventa en garantía del préstamo de dinero tampoco debió disponer libremente de los inmuebles afectados a esa garantía”.