“Me llama la atención que se festeje una Ley de la cual se conoce muy poco y que con cuyos impulsores, con quienes la Provincia había firmado acuerdos anteriores, las experiencias fueran malas”, expresó el diputado Héctor Stefani y calificó de “preocupante y bochornoso el hecho de que se apruebe un proyecto que aborda la pesca ilegal, una actividad que genera unos dos mil millones de dólares de pérdidas anuales, y que no pasó por la Comisión de Intereses Marítimos”.
Las declaraciones del representante fueguino se dan luego de que la semana pasada, la Cámara de Diputados diera sanción a la ley de asistencia al turismo y media sanción a una modificación de la Ley de Régimen Federal de Pesca que quedó lista para ser tratada en el Senado.
Asimismo, el parlamentario de Juntos por el Cambio detalló que “en la década del 90, cuando el diputado mandato cumplido (MC), Felipe Solá, era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, se firmó un acuerdo con la Unión Europea y otros países donde se les permitía venir a pescar a nuestro caladero y Argentina subsidiaba esa pesca, que además era subsidiada en su país de origen. Por ejemplo, a un barco surimero extranjero que exportaba 2.800.000 dólares desde nuestro puerto cada 40 días el Estado Nacional Argentino le pagaba por reembolso de esa exportación 550.000 dólares con un cheque del Banco Nación. Un disparate”.
“Felipe Sola, uno de los responsables del acuerdo donde subsidiaron la devastación de los recursos ictícolas y marítimos de la Argentina, es el impulsor de este proyecto presentado por Daniel Filmus que solo se detiene en una parte mínima del problema que tenemos con la pesca ilegal. Una vergüenza”, sostuvo Stefani.
“La ley de pesca es mucho más que una multa. La Argentina incautó 80 buques desde los 90 hasta ahora y la multa máxima va a ser aproximadamente de unos 10 millones de dólares esto da un total de 800 millones de dólares en treinta años cuando el país pierde 2000 millones de dólares en pesca ilegal por año”, explicó el Diputado fueguino.
“No hay dudas que se deben aumentar las multas de la ley, si un buque que tiene que custodiar nuestras aguas durante 26 días tiene un costo de ocho millones de pesos y la última multa que cobró el Estado fue de siete millones de pesos. La multa debe ser en función de la pérdida que genera”, aclaró el ex director de la Dirección Provincial de Puertos.
A su vez, remarcó que la ley de pesca debe contemplar celeridad para resolver el destino de los barcos retenidos: “Si la embarcación es secuestrada la justicia debe tener el marco para actuar rápidamente y poner esa embarcación a disposición de empresas pesqueras argentinas”.
“Tocar una ley de oído y aprobarla en una sesión sumamente polémica es una falta de respeto para todos los que conformamos la Comisión de Intereses Marítimos”, finalizó Stefani.