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Washington fue a los tribunales para ser parte en el caso de salvamento del famoso transatlántico.
A finales de 1985, semanas después de que salieran a la luz los restos destrozados del RMS Titanic, las autoridades de Washington empezaron a buscar autoridad legal para regular el acceso al famoso naufragio como parte de un monumento a los más de 1.500 pasajeros y tripulantes que perdieron la vida en 1912.
El Congreso solicitó un acuerdo global, ya que el pecio se encontraba en aguas internacionales.
Hasta entonces, declaró el Congreso, “ninguna persona debe alterar físicamente, perturbar o rescatar el RMS Titanic”.
Mientras las naciones debatían un proyecto de acuerdo, los salvadores estadounidenses se pusieron manos a la obra.
A lo largo de los años se han recuperado miles de objetos, entre ellos un sombrero de copa, frascos de perfume y la campana de cubierta que sonó tres veces para advertir al puente de mando de la presencia de un iceberg.
Nueva batalla
Ahora, el gobierno federal ha emprendido acciones legales para controlar quién puede recuperar objetos del famoso transatlántico y, potencialmente, bloquear una expedición prevista para el año que viene.
La medida se produce después de que el desastre del sumergible Titán del 18 de junio planteara dudas sobre quién controla el acceso a los restos del buque, que yacen a más de 3 km de profundidad en el lecho marino del Atlántico Norte.
La acción legal también es notable porque enfrenta a los poderes legislativo y ejecutivo con el judicial.
El viernes pasado, en un tribunal federal de Norfolk (Virginia), dos fiscales estadounidenses presentaron una moción para intervenir en una operación de salvamento que dura ya décadas.
El tribunal de Virginia está especializado en casos de recuperación de naufragios y en 1994 concedió los derechos exclusivos de salvamento a RMS Titanic Inc, con sede en Atlanta.
La empresa ha recuperado numerosos artefactos del barco y ha organizado varias exposiciones públicas.
La empresa obtuvo los derechos de salvamento después de que el equipo franco-americano que descubrió el Titanic en 1985 no reclamara su recuperación.
El gobierno federal pretende ahora convertirse en parte en el caso del salvamento y bloquear cualquier expedición que considere objetable.
Reclama el derecho legal a que el Departamento de Comercio y su unidad marítima, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, aprueben o denieguen el permiso al RMS Titanic siempre que “la empresa” solicite el permiso del tribunal para llevar a cabo más recuperaciones de artefactos.
“Esto ha tardado mucho en llegar”, afirmó Ole Varmer, abogado jubilado de la NOAA especializado en la conservación de naufragios.
El gobierno federal, añadió, “se ha visto obligado a intervenir como parte y pedir al tribunal que haga cumplir estas leyes.”
El RMS Titanic planea luchar contra la acción federal.
“La empresa cree que conserva el derecho a seguir realizando actividades de salvamento en el lugar del naufragio, sin solicitar ni obtener la aprobación de terceros que no sean el Tribunal de Distrito de EE.UU. que mantiene la jurisdicción sobre el lugar del naufragio”, dijo en un comunicado Brian A. Wainger, abogado del RMS Titanic.
Los expertos jurídicos afirman que el litigio podría prolongarse durante años, debido a lo mucho que está en juego para la empresa, así como a cuestiones fundamentales relacionadas con los acuerdos internacionales y la forma en que se relacionan entre sí las distintas ramas del gobierno estadounidense en asuntos jurídicos.
El caso, dicen, podría llegar al Tribunal Supremo.
“Es una cuestión realmente interesante”, dijo John D. Kimball, socio de Blank Rome, un estudio de abogados de Manhattan, que enseña derecho marítimo en la Universidad de Nueva York.
“Se trata de un intento del gobierno de hacer cumplir las disposiciones de un tratado y se plantea la cuestión de quién tiene autoridad sobre el lugar del naufragio. Las cuestiones son delicadas y es probable que se recurran las sentencias”.
Antecedentes
Durante mucho tiempo, el derecho marítimo dictaminó que los descubridores eran los guardianes.
En otras palabras, el descubridor de un naufragio podía esperar obtener la posesión de gran parte, si no de todo, el cargamento y el tesoro.
El caso del Titanic se convirtió en un ejemplo moderno de ese viejo principio en acción.
Paralelamente, de forma lenta y a veces dolorosa, el gobierno federal fue ejerciendo su autoridad en el caso del rescate del Titanic.
Siguiendo instrucciones del Congreso, el Departamento de Estado entabló negociaciones con Canadá, Francia y el Reino Unido para redactar un acuerdo internacional.
En 2017, el Congreso promulgó una ley para aplicar el acuerdo.
Prohíbe “cualquier investigación, exploración, salvamento u otra actividad que altere o perturbe físicamente los restos o el lugar del naufragio del RMS Titanic, a menos que lo autorice el Secretario de Comercio”.
A finales de 2019, mientras Francia y Canadá se mantenían al margen, el acuerdo entró en vigor entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Un caso de prueba surgió en 2020, cuando RMS Titanic Inc. anunció que intentaría recuperar el telégrafo inalámbrico Marconi del barco, famoso por transmitir sus llamadas de socorro.
Los abogados estadounidenses presentaron un recurso ante el tribunal de Virginia, pero la pandemia de coronavirus truncó el proceso y la expedición prevista.
Este año -el 13 de junio, cinco días antes de que la catástrofe del sumergible Titan acabara con la vida de cinco personas que descendían para ver los restos del Titanic- la empresa volvió a comunicar al tribunal que planeaba recuperar el telégrafo Marconi, y hacerlo sin solicitar la aprobación federal.
Las demandas presentadas el viernes en el tribunal de Virginia por los abogados estadounidenses Jessica D. Aber y Kent P. Porter reavivaron la batalla sobre quién controla el acceso al naufragio más famoso del mundo. RMS Titanic Inc. “debe cumplir” con la legislación federal de aplicación del acuerdo internacional y solicitar permiso al Departamento de Comercio para cualquier recuperación.
La negativa de la empresa a cumplir la ley, proseguía la presentación, “perjudica irreparablemente” a Estados Unidos, porque menoscaba la capacidad de Washington para aplicar el acuerdo mundial y le impide “cumplir sus obligaciones legales en virtud de la legislación federal”.
La empresa aún no ha presentado una respuesta, y el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la moción federal para intervenir en el caso de salvamento.
