-
Las firmas públicas a privatizar cayeron de 36 a 27.
Con nuevas podas, las frenéticas negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista sumaron otro capítulo en la Cámara de Diputados, en un intento de destrabar la aprobación general de la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei. A un mes y medio de presentada la propuesta, el Presidente no sólo ya vio caer el capítulo fiscal, clave para su programa, sino que, además, verá recortadas las facultades extraordinarias al reducirse las emergencias y hasta podría ver fracasar en su intento por avanzar en un profundo proceso de privatización, otra de las puntas de su política para avanzar en la desregulación de la economía.
La sesión, que ya va por su tercera jornada, se retomó este viernes a las 10.30 tras un nuevo cuarto intermedio. El jueves, las desgastantes gestiones por buscar un punto de equilibrio y entendimiento entre los libertarios y los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal casi entraron en un punto crítico, lo que condujo a los representantes de la oposición a entregar un listado con las modificaciones necesarias para que sea redactado el articulado por algún representante del oficialismo.
Pero esto se choca de frente con el concepto de que el proyecto viene del Gobierno y que debe encargarse el Ejecutivo. La situación obligó al secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y al asesor Maximiliano Fariña, a volver al Congreso para instalarse en la oficina de Martín Menem para avanzar en la redacción y en las negociaciones. A ellos se sumó por la tarde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hubo reuniones con los presidentes de bloques para tratar de desenmarañar la controversia por las facultades extraordinarias, las privatizaciones y el reiterado pedido de los gobernadores para hacer coparticipable el impuesto PAIS, algo a lo que Milei se resiste. El cordobés Carlos Gutiérrez llevó el mensaje de Martín Llaryora, quien estuvo a punto de patear el tablero por la falta de respuesta del Gobierno.
La discusión sólo se podría destrabar mediante un contacto entre el Presidente y los gobernadores, insistieron en los pasillos del Congreso. Pero la intransigencia de Milei por negociar con las provincias no pone en riesgo la posibilidad de aprobar la ley en general, pero lo dejaría con una ley de unos 300 artículos carente de contenido político y hasta económico. Incluso, un diputado le dijo a Clarín, que tal como está la propuesta, hay sólo 28 artículos fundamentales en el dictamen que aún no se termina de redactar.
El artículo 3 del capítulo II, vinculado con la declaración de emergencia pública y bases de delegaciones legislativas es sin duda el talón de Aquiles de la negociación entre el gobierno de Javier Milei y la oposición dispuesta darle los votos para la aprobación de la Ley Ómnibus.
Para arrancar, el oficialismo tuvo que rebajar de 11 a 9 las emergencias cuando el megaproyecto se discutió en el seno del plenario de comisiones. Así le quedaron la emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Todas hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de prorrogarla por 12 meses.
En esta compleja negociación de la Ley Ómnibus, el Gobierno tuvo que ceder en las emergencias y comenzó la semana con 6 y al promediar la sesión sólo tiene aseguradas 5 emergencias: económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa.
La de seguridad aún no estaba del todo confirmada que se vaya a otorgar por las diferencias con la política de Patricia Bullrich. Más allá de eso, los libertarios conseguirán la aprobación de este artículo, pese al rechazo de los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y algunos bloques provinciales.
Pero también tuvo que dar marcha atrás con la intención que las facultades sean por 2 años con posibilidad de prorrogarlas por otros 2, hasta el final del mandato. La oposición lo hizo retroceder y las rebajó a 1 año con la posibilidad de extenderlas por otro pero con la aprobación del Congreso.
Privatizaciones bajo la órbita del Congreso
Sin duda, uno de los temas más discutidos es el artículo 7 del capítulo II del dictamen de mayoría, que tiene que ver con las privatizaciones de las empresas públicas.
El texto, según el dictamen, reza que se declara “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado. Y se incluye un anexo con el listado de las empresas en condiciones de pasar a manos privadas. De las 40 empresas que fueron propuestas por el Gobierno a ser privatizadas, la oposición logró sacar de la nómina a YPF, mientras que Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica tendrían una administración mixta.
Además, en las negociaciones de este jueves se fijó que de las 36 que el oficialismo quería privatizar el cartel de venta se pondrán finalmente en 27. Se sacaron a Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Radio Litoral, Servicio de radio y tv de la universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Fue otra concesión que debió hacer el Gobierno para poder avanzar con la ley.
A la oposición le hace ruido la venta de las empresas del Estado y algunos piden un informe sobre las razones por las que deben ser privatizadas.
La Coalición Cívica, por ejemplo, había propuesto una nómina de menos de 20 empresas entre las que están Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y los medios públicos.
Mientras tanto la UCR como el bloque que preside Miguel Angel Pichetto plantearon su condiciones. Es que los radicales quieren que sea ley por ley mientras que Hacemos Coalición Federal plantean la conformación de una comisión bicameral que no sea vinculante.
En cierta medida coincide con el proyecto del Gobierno que impulsa la “Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones”, pero los peronistas disidentes piden que tenga un pase por el recinto. La discusión está abierta.
Movilidad jubilatoria, retenciones y blanqueo tampoco las tendrá Milei
Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del capítulo fiscal le cerró la puerta a varias de las medidas que Milei pensó para avanzar con el ajuste que le permita avanzar hacia una reducción del déficit. Retrocedió con los artículos 71 y 72 que tienen que ver con la movilidad jubilatoria.
En principio, el Gobierno apuntaba a eliminar la fórmula de movilidad actual y planteaba aumentos por decreto. Frente al rechazo de la oposición, aceptó mantener la fórmula actual hasta marzo y avanzar con una actualización mensual por inflación a partir de abril.
Caputo también cerró la discusión por las retenciones porque Milei pretendía que todas las economías regionales e industrias paguen un 15 % por derecho de exportación. Si bien, el Gobierno cedió y dejó libre de retenciones a un grupo de economías regionales, el tema nunca terminó de acordarse y, encima, mantenía subas en economías industrializadas y elevaba de 31% a 33 % los subproductos de la soja, como la harina y el aceite.
El ministro también tuvo que bajar los artículos vinculados con blanqueo, moratoria y bienes personales, en parte por la presión de los gobernadores que buscaban hacer coparticipable lo recaudado por la regulación de los capitales.
En rigor, el oficialismo había acordado modificaciones y el proyecto según el dictamen establecía que los sujetos no residentes que adhieran al Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren a nombre de terceros y quedan excluidos los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años. Lo recaudado iba a ser destinado a la capitalización del Banco Central.
Milei tampoco pudo avanzar con una amplia reforma electoral que incluía la incorporación de las circunscripciones uninominales, la eliminación de las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados. Se dispuso que todo pase a ser discutido en el período ordinario, que comenzará a partir de marzo.
La misma suerte artículo 331 de la ley ómnibus que exigía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. Los bloques de la oposición pusieron en duda que vayan a acompañar el capítulo vinculado con la seguridad que reclama Patricia Bullrich.
Dentro de los cambios se eliminó los artículos que afectaban las Ley de Pesca y la idea de modificar la Ley de Quema y se amplía de 30 a 90 días el plazo para que la Autoridad de Aplicación autorice una quema. Y se incorporó un artículo que garantiza los recursos para el Fondo de Bosques.
