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Un grupo de vecinos gestionó una ordenanza para que Ushuaia este libre de la antena 5G, esta ordenanza fue promulgada por el Intendente de la ciudad, Wlater Vuoto, los últimos días hábiles del mes de diciembre. La ciudad de Ushuaia, se sumó este martes a la lista de cuatro municipios del país que resolvieron prohibir la instalación de antenas para la tecnología de comunicaciones 5G. Desde esta región de la Patagonia austral exigen la existencia de estudios científicos y ambientales que garanticen la inocuidad de las radiaciones vinculadas con estos dispositivos que prometen optimizar exponencialmente la velocidad y el volumen de intercambio de datos. La citada disposición establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G.
“La importancia tiene que ver con que es una tecnología nueva, nueva en el sentido de la potencia que imparte la tecnología 5G, porque en realidad el servicio de internet inalámbrico ha empezado con el 1G, 2G y demás, lo que sucede es que a través de los años esto va aumentando de potencia sin tener una evaluación, si este servicio genera perjuicio en la salud de las personas, de los animales, del medio ambiente y demás. A medida que ha ido aumentando esta potencia, los investigadores que vienen haciendo estudios desde que esto comenzó, han detectado problemas en la salud y graves, o sea, algunos no son tan graves y otros si son graves, hasta que puede llevar a la muerte de las personas, entonces, en virtud de que no se ha presentado, hay un desconocimiento de los estudios, de los efectos que puede producir sobre la salud, es que nosotros, como asociación corte, a nivel nacional, esto se está generando en muchas localidades de la Argentina, se ha solicitado a los municipios que hicieran un parate en las ciudades”, comentó Aleth.
La medida se mantendrá hasta que estudios médicos y científicos confirmen que esta tecnología no representa un riesgo para la salud humana. La ordenanza prohíbe explícitamente la instalación de estas tecnologías hasta que se disponga de estudios médicos y epidemiológicos que aseguren su seguridad. Este paso cautelar se fundamenta en el “principio precautorio” en materia de salud y ambiental.
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