Nos encontramos en los estudios de FM Ártika con el Profe Aníbal Lobasso con quien conversamos sobre los temas de actualidad.
La Justicia condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora responsable de administración fraudulenta. La condena hacia la vicepresidenta fue bajo el cargo de administración fraudulenta de la Obra Pública durante sus mandatos como presidenta (2007 a 2015), hechos que se hicieron conocidos como la “Causa Vialidad”. Otro de los funcionarios en la lista de los condenados es Sergio Urribarri, embajador argentino ante Israel y ex gobernador de Entre Ríos. Uribarri fue condenado bajo los cargos de peculado (delito que comete un funcionario público cuando toma para sí caudales que debe custodiar por su cargo) y negociaciones incompatibles con la administración pública.
Hasta ahora, el funcionario de más alto cargo con condena judicial fue el ex vicepresidente Amado Boudou, a quien la Justicia encontró culpable de haberse hecho con la imprenta Ciccone Calcográfica por medio de testaferros y de haber utilizado su cargo para asegurarse contratos con el Estado.
El segundo en jerarquía en la lista de condenados fue el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien fue absuelto en la Causa Vialidad.
“Ejercer un cargo político te da un status social y un bienestar económico que no te lo da el empleo privado y que no te lo da el empleo público, porque aquel funcionario público que es empleado del estado, un director de planta, un jefe de departamento del estado no se vuelve multimillonario en veinte años … hay directores, jefes de departamentos, agentes públicos, que realmente laburan y no se hacen millonarios, pero esta gente cumpliendo la función pública, ocupando cargos políticos, se multiplicó su patrimonio no sé cuantas veces. Después escuchas a un presidente que habla del pueblo, quien es el pueblo, nosotros somos el pueblo y ellos no son el pueblo, evidentemente cuando un presidente tiene ese desprecio por la gente, porque al fin y al cabo está despreciando a un sector de la población”, expresó el Profe Lobasso.
Cancillería de Perú le pidió al gobierno de México respetar decisiones internas. Esta petición del gobierno de Perú va también para los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia, los cuales, junto con México, firmaron una carta en la que piden respetar los derechos de Pedro Castillo, así como el voto de los ciudadanos.
En su comunicado, la cancillería peruana explica que la destitución y detención del presidente Pedro Castillo se llevó a cabo con respeto a lo que marca la Constitución del país y con el respaldo “multitudinario” del Congreso.
“Mira lo que pasó diplomáticamente la semana pasada también, México, creo que Colombia y Argentina firmaron una petición para restituir la presidencia al Presidente de Perú. Restituir a alguien que quiso anular la asamblea, quiso anular el congreso, quiso dar un golpe institucional y vos estás avalando esa acción”, dijo el Profe Lobasso.
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