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Otras provincias podrían hacer lo mismo.
El jueves 7 de julio de 2022, el docente salteño Alejandro Benítez paseaba por el sur de Bolivia en su moto. No era la primera que vez que lo hacía. Pero si la última. Un camión lo embistió y tuvo graves heridas que obligaban a recibir una atención médica urgente. Se estaba muriendo tirado sobre el pavimento.
Según contó su hijo Agustín, el personal de las fuerzas de seguridad bolivianas y médicos se negaron a atenderlo porque no tenía dólares ni dinero de ese país.
A los pocos días, el ex presidente Evo Morales salió a pedir “disculpas en nombre de todo Bolivia”, aunque luego minimizó la muerte de Benítez aduciendo que sí había sido atendido.
El caso de Benitez fue la última gota que rebalsó un vaso lleno de denuncias y reclamos de argentinos que habrían sido maltratados en Bolivia. No sólo en cuestiones ligadas a la atención médica, si no también en otros aspectos, como por ejemplo, que en estaciones de servicio bolivianas se nieguen a cargarle nafta a autos con patente argentina.
“Bolivia no está cumpliendo el acuerdo de reciprocidad. Ese acuerdo está vigente, es por cinco años. Una de las cláusulas fija que por cuestiones de emergencia -y define entre las cuestiones de emergencia cuando hay una situación de riesgo de vida- tienen que hacerse cargo y atender”, había reclamado el entonces gobernador de jujuy Gerardo Morales, en julio de 2022.
Más allá de todas estas denuncias y reclamos, y a pesar de los amagues, nunca una provincia argentina se animó a implementar un esquema de cobro para los extranjeros que se atiendan en hospitales público nacionales.
Eso parece haber cambiado: por primera vez, un gobierno provincial anunció, por decreto, el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.
La atención en casos de emergencias estará garantizada y no deberá ser abonada.
El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, determinó que los extranjeros deberán contribuir a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, indicaron voceros gubernamentales.
Si bien todavía no lo reconocieron oficialmente, otras provincias, sobre todo las que limítrofes, podrían tomar una medida similar a la que tomó Salta.
En diálogo con Clarín, Adrián Cura, que hasta este lunes fue el Secretario de Salud salteño, adelantó que la decisión del Gobierno es cobrarle alrededor de $ 170.000 por día a todos los extranjeros que deban internarse en algún hospital público provincial.
“Obvio que ante cualquier riesgo de vida no habrá ninguna restricción en la atención”, aclaró.
El ex funcionario admitió que hace tiempo tenían en carpeta tomar una medida de este tipo, pero que no lo pudieron llevar adelante ante “la resistencia” del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en obvia alusión al alineamiento con Evo Morales.
La medida, había sido adelantada por el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, fue oficializada con la firma del decreto de necesidad y urgencia 129 por parte del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y de todos los ministros del Ejecutivo local.
“Es importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país, no resulta ajena a Salta, la cual ha sufrido una merma en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica, por lo que en tal escenario y ante la emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria, resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta”, argumentó el Gobierno salteño.
