Nos comunicamos telefónicamente desde los estudios de FM Ártika con el abogado Daniel Merlo.
Se ha conocido sobre la situación de los vocales del Tribunal de Cuentas Provincial (TCP) quienes se niegan a discutir salarios en paritarias, que imponen los aumentos de manera unilateral, mientras sus salarios superan ampliamente los más de 2.500.000 pesos, además de otros sucesos que ex empleados del lugar han declarado.
“Una cosa es presentar un presupuesto, y otra cosa es, además, esto demuestra, a las claras, lo que quien te habla viene sosteniendo, y muchos fueguinos de bien también, durante muchísimos años, esta es la prueba palpable de la existencia de la isla de la fantasía, es absolutamente incomprensible hablar de un sueldo de este monto, es decir, ya de por sí, dos millones y medios de pesos por mes, que en realidad, es mucho más, porque hay varios ítems que son aparte, no deja de ser una cachetada para el trabajador común. Al margen de que la justicia debe estar bien paga, a mí, y esto yo siempre lo he dicho, y me hago cargo, y soy absolutamente responsable, me parece un absurdo disparate, pero cuál es el problema que va a enfrentar la provincia el año que viene, que si se produce un cambio ideológico político en las elecciones de octubre, va a tener serios problemas el Gobernador Melella para poder cumplir el pago de sus obligaciones, entre ellas los sueldos y ni hablar de las cargas de contribuciones”, expresó el abogado Daniel Merlo.
“La provincia autofinancia su déficit, generado por la propia provincia, porque estamos rodeados de ejércitos de ñoquis”
El Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana y el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella quedaron implicados en un fuerte enfrentamiento político alrededor del radar de la empresa británico-norteamericana LeoLabs instalada en la localidad de Tolhuin, que, según especialistas de las Fuerzas Armadas, “tiene un posible uso militar” y constituye un “riesgo para la soberanía” argentina en el Atlántico Sur.
“La autorización para instalar el radar, de una sociedad de responsabilidad limitada, porque si mal no he leído, toda la información que tengo, según lo que se ha publicado, que es bastante escueto por cierto, pero hablan de una supuesta sociedad de responsabilidad limitada, puede ser anónima o lo que sea, pero en definitiva, el ente responsable de haber instalado ese radar. Ahora bien, de quién es la autorización, de la Nación no, es del gobernador, es de la legislatura”, enfatizó el abogado Daniel Merlo.
“No es gratis la instalación de una base extranjera en un país, alguien se benefició con esto”
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